LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LA EXCEPCIÓN DE USO LEGÍTIMO

 

 

Manel Pérez i Serra (4º GBD)

Introducción

El presente artículo pretende realizar una comparación entre la figura del “fair use” americano y los límites a los derechos de propiedad intelectual propios del sistema europeo y español, así como valorar las perspectivas de futuro respecto a estas concepciones y el uso de la propiedad intelectual en redes y en relación con la inteligencia artificial.

Cabe recalcar las diferencias de concepción entre cómo se limitan los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción americana, muy inspirada por la doctrina y jurisprudencia anglosajona del siglo XVIII, y el sistema aplicado en Europa. Es a partir de esta concepción que se realiza un análisis de la realidad jurídica de los dos sistemas, y se establece un sistema de comparación que simplifica la comprensión de ambos.

Señalar también que, pese a que la normativa empieza a adaptarse a la irrupción que ha realizado la inteligencia artificial, el amplio abanico de posibilidades que permite la normativa brinda la oportunidad de analizar en el artículo las distintas configuraciones jurídicas que se podrían llevar a cabo, cerrando así el contenido del mismo.

Definición del concepto “fair use

La concepción de los derechos de propiedad intelectual, en especial los derechos de autor, mantienen similitudes entre la mayoría de sistemas jurídicos occidentales. Tanto en el derecho americano como en sistemas de carácter germánico y anglosajón, este grupo de derechos defienden las capacidades del sujeto propietario en materias de reproducción, distribución, comunicación y transformación de sus obras. Pese a las similitudes de concepción en materia de derechos de propiedad intelectual, es en Estados Unidos donde se configura la figura del “fair use”, con los países de tradición anglosajona adquiriendo una versión menos amplia bajo la doctrina del “fair dealing” y su evolución.

Las bases del “fair use” americano nacen del fin que la constitución americana da al copyright: ampliar el conocimiento público [1]. La lógica detrás de esta afirmación

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yace en que, para incentivar el flujo de información, se protegen los derechos de sus autores a la vez que se permite su uso. De esta forma, se evita que la propiedad intelectual con algún tipo de valor económico se mantenga en secreto para prevenir que aquellos que no son el autor la exploten con fines comerciales. Así, uno puede compartir de una forma u otra aquellas creaciones de las que sostiene la propiedad sin ver socavado el valor del bien. Siguiendo esta doctrina se configura la figura del uso legítimo en términos históricos. El “fair use” sostiene su legitimidad en que los usos comprendidos bajo su paraguas no disminuyen el valor del bien y por tanto no sólo no son contrarios al animus de la ley, sino que contribuyen a ampliar el mencionado conocimiento público.

Bajo esta argumentación, el uso legítimo americano establece una serie de requisitos bajo los que acogerse a la hora de utilizar bienes protegidos por la propiedad intelectual. Si bien en el artículo 107 de la Ley de Copyright americana establece una serie de supuestos concretos, la lista no es exhaustiva. Por ello, se deben atender a cuatro criterios establecidos en el mismo artículo. Son, en orden: el carácter y propósito del uso, incluyendo la valoración respecto si el uso es comercial o sin ánimo de lucro; la naturaleza de la propiedad protegida; la proporción de la obra completa que se utiliza; y el efecto que tiene dicho uso en el mercado, sea en el tamaño del mercado o el valor de la obra. Bajo el paraguas de estos criterios, se configura el uso legítimo americano, el más amplio de los existentes.

Evolución histórica del “fair use

Aunque el caso Folsom v. Marsh [2] se considera el primer caso donde se aplica la doctrina del “fair use”, existe doctrina previa bajo el derecho inglés[3]. Desde 1710, debido al crecimiento de trabajos recopilatorios, se plantean dudas sobre la legitimidad de estas obras. La principal consideración que hace la doctrina en ese momento se fundamenta en si existe una transformación sustancial de las obras originales o simplemente existe una reproducción. Bajo esta doctrina inicial, que marcaba una tendencia a limitar la permisibilidad en la libre reproducción en compendios, se desarrolla una figura legal que desemboca en lo que conocemos actualmente como el uso legítimo y sus distintas configuraciones.

Una vez superada esta fase inicial, la doctrina del “fair use” evoluciona y se parece más a lo que conocemos hoy en día bajo su definición americana. El mencionado caso Folsom v. Marsh, enfrenta a dos grupos de editores que discuten sobre el uso de unas cartas de George Washington en dos biografías publicadas por uno y otro. El demandante, el grupo Folsom, Welsh y Thurston (en adelante “Folsom”), reclama que Marsh ha infringido sus derechos de propiedad intelectual puesto que el demandado ha usado más de 350 páginas de documentación original del ex-presidente Washington en su biografía

(“The Life of Washington”) que eran propiedad de Folsom. Si bien es cierto que el libro “The writings of George Washington”, la obra publicada por Folsom, era constituida por catorce volúmenes y más de seis mil páginas de documentos originales, y el uso que se hacía en “The Life of Washington” era por lo menos limitado en cuanto a extensión, el argumento que sostenía la defensa de Marsh no fue suficiente. El demandado argumentó que, en base a la doctrina anglosajona, el uso de la obra propiedad de Folsom sólo constituía una actividad recopilatoria realizada de buena fe. El juez Joseph Story consideró que la base sobre la que partía la defensa era adecuada, pero que existía una distinción sustancial entre la doctrina anglosajona anterior y la casuística en la que se encontraban: no se podía considerar un compendio bona fide una actividad recopilatoria que se limita a organizar u ordenar de forma distinta a la original una serie de textos inmutados que constituyen la base material de la obra original.

Pero, cabe preguntarse, ¿cuál es la relevancia del caso Folsom v. Marsh? La clave de este caso es que establece un cambio en los derechos de propiedad intelectual. En un artículo publicado por el profesor Oren Bracha en el Yale Law Journal[4] se señala que, pese a tratar sobre una excepción que limita los derechos de autoría o propiedad, el caso analizado transforma la concepción de los derechos de propiedad intelectual desde la mera capacidad de realizar y distribuir copias, hacia el concepto de control que conocemos ahora. La configuración actual de estos derechos es mucho más amplia que en su origen, y es sorprendente la contradicción que se aprecia en la celebración del caso que nos atiene como clave en la doctrina del “fair use”: se indica como uno de los casos más importantes a la hora de conformar los límites a los derechos de propiedad intelectual, pero a su vez amplía el ámbito de estos mismos derechos avanzando hacia la configuración que conocemos ahora. De todas formas, la permisibilidad anterior a Folsom

  1. Marsh y la creación de una doctrina limitativa a la propiedad intelectual no tenía sentido, puesto que los límites generales ya eran más estrictos que la doctrina del uso legítimo. Y esta es la importancia de Folsom v. Marsh, el cambio de concepción en los derechos de propiedad intelectual y la creación de nuevos límites.

Partiendo de esta base, se empieza a configurar el “fair use” moderno, parecido al contemporáneo en su lógica jurídica. La jurisprudencia, amplia por la naturaleza casuística de esta doctrina, se asienta en cuatro pilares.

El primer pilar es el acercamiento caso por caso, tal y como señala la Corte Suprema de Estados Unidos en Campbell v. Acuff-Rose [5]. Este acercamiento casuístico tiene una implicación determinante, tal y como reconoce el impulsor de la iniciativa Creative Commons, Lawrence Lessig, en su libro “Cultura Libre” [6], donde determina que la falta de unos criterios estrictos y el análisis casuístico hace del “fair use” un simple derecho a litigar, y no otorga seguridad jurídica a ninguna de las partes implicadas. Es contraria a esta crítica Pamela Samuelson, profesora de derecho en Berkeley, y señala la

existencia de patrones en los casos de “fair use” si se agrupan por el tipo de uso que se hace de la obra protegida [7], indicando además que la existencia de estos patrones de decisión facilita la aplicación del “fair use”.

El segundo pilar es la relación entre la obra protegida y la proporción utilizada. La dificultad de este pilar es determinar qué proporción de una obra es “suficiente” para considerar que existe un uso ilegítimo al dañar los derechos del autor o propietario de la obra original. En los casos Dodsley v. Kinnersley y Roworth v. Wilkes se define, respectivamente, que una copia del diez por ciento es poco para declarar que existe un uso ilegítimo y que el uso de dos tercios de la obra original sobrepasa los límites del “fair use”. Las dificultades de aplicar estos límites son, por una parte, que son demasiado amplios para ser útiles, y por otra, que el desarrollo de nuevas formas de propiedad intelectual provoca que su uso no sea coherente. Godson establece un criterio respecto a la prueba de la existencia de animo furandi dónde, a más proporción de la obra copiada, más evidente es la existencia de una voluntad de ofrecer el valor de la obra original en una obra alternativa, dañando así los derechos de explotación del propietario legítimo y debiendo probar el demandado que no existe ni animo forandi ni daños económicos de forma más exhaustiva [8]. Mientras que este criterio no es decisivo respecto a cuánta proporción es demasiada, sí que permite hacer un acercamiento casuístico con más criterio.

El tercer pilar que se desarrolla versa sobre el efecto en el mercado. Este pilar tiene una influencia clara sobre el “fair use” contemporáneo, y se ve reflejado directamente en la redacción del artículo 107 de la Ley de Copyright estadounidense. Queda expuesto en el caso Ty Inc. v. Publications International [9], donde el juez Richard Posner defiende que una obra que pretende subsumir su existencia al uso legítimo no debe actuar como sustitutiva de la obra original o del contenido protegido, sino como un mero complemento. El caso más claro es el de una parodia que en ningún caso tiende a la sustitución de aquello parodiado, pero la dificultad nace en usos menos taxativos, como podía ocurrir en el ya analizado caso Folsom v. Marsh. Por otro lado, Robert Maugham teoriza en su “Tratado sobre el Derecho de Propiedad Literaria” [10] que el efecto en el mercado se debe considerar desde un punto de vista de depreciación de valor de la obra protegida por desplazamiento de mercado. Maugham considera que, en el caso donde por un supuesto uso legítimo se afecte al valor de la propiedad intelectual, existe una legitimación para presentar acciones de resarcimiento. En este sentido es mucho más crítico con la doctrina del “fair use” que Posner, aunque también indica que debe hacerse una valoración en conjunto a los demás principios, y que puede existir un daño justificado al mercado en los casos donde existe una aportación por parte del autor que se subsume al uso legítimo, como puede ocurrir en el caso Wilkins v. Aikin [11]. La principal diferencia entre la concepción moderna y la contemporánea se basa en la consideración que se tiene del mercado. En la concepción moderna, se entiende por mercado solo aquel

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efecto directo de sustitución en ventas, mientras que en la actualidad se aboga por un análisis más holístico respecto a estas consideraciones.

El último pilar se basa en el uso transformativo. Mientras el segundo y tercer pilar se basan en los inputs, la valoración respecto si existe o no transformación en el uso legítimo basa el análisis en el output. Es otra vez Maughan quien dicta que para juzgar el carácter bona fide de una obra derivativa hay que dirimir si existe un trabajo que genere contenido nuevo o derivado de la obra original. Por tanto, Robert Maughan considera que existirá buena fe en el uso legítimo si hay una aplicación suficiente de “trabajo o habilidad”. La doctrina es considerablemente estable al respecto, juzgando en dirección similar a lo propuesto por Maughan de forma continuada.

Referente a los cuatro pilares, es concluyente que existe una aplicación unificada de los cuatro. Mientras que no existe un orden de prelación entre ellos es claro que no existió una necesidad de definirlo, debido a la congruencia que hay entre ellos. De esta forma, se configura en un inicio el concepto de “fair use” moderno, abogando por un sistema casuístico, con un análisis integral de la situación y con una evolución de criterios basada en un desarrollo jurisprudencial.

“Fair use” en el derecho americano actual

Tal y como ya se ha mencionado, el uso legítimo en el sistema americano se encuentra plasmado en la actualidad en derecho positivo. Es en el artículo 107 de la Ley de Copyright estadounidense donde encontramos los criterios que se aplican hoy en día a la hora de evaluar los casos de “fair use”. Pese a ello, la falta de unas pautas taxativas y la naturaleza casuística del análisis que se realiza implica que el análisis jurisprudencial es clave a la hora de entender la aplicación de los mencionados criterios.

El primer criterio que indica la Ley de Copyright es el análisis por carácter y objetivo del uso en cuestión, incluido el carácter comercial o sin ánimo de lucro de este. La jurisprudencia pondera, en estos casos, el nivel de transformación al que se somete el contenido protegido y el objetivo con el que se usa la obra original, entendiendo este objetivo como no solo el ánimo o desánimo de lucro de este sino el solapamiento entre el objetivo de la obra derivativa y la original [12] y la posibilidad de subsumir el objetivo bajo un interés social, como puede ser el acceso a información relevante [13]. Estas consideraciones se ponderan en gran medida con el análisis respecto a los efectos en el mercado de la obra derivativa.

El segundo criterio aboga por el examen de la naturaleza de la obra protegida. Este examen puede tener en cuenta el tipo de obra en cuestión, ponderando de forma distinta los demás criterios según si la casuística versa sobre un manuscrito o carta o sobre una

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publicación con carácter comercial como una revista. Además, y sin perjuicio de lo anterior, también se considera parte de la naturaleza de la obra original el acceso que tiene el público a la misma, tanto por acceso restringido según cualquier criterio [14] como por no estar publicada la obra [15].

Respecto al tercer criterio, se tiene en cuenta para valorar la legitimidad del uso la cantidad o la substancia del uso respecto a la obra original. La aplicación de este criterio se ve ponderada por los demás, evitando establecer unas horquillas determinadas [16] y llegando a permitir la copia completa de aquello protegido [17].

En la misma línea se define el cuarto criterio, que analiza el efecto en el mercado del uso derivativo. Mientras que un efecto de sustitución por un uso derivativo, que puede provocar el desplazamiento en el mercado de la obra original, no se permite de forma habitual, la ponderación con otros criterios permite que se admitan usos sustitutivos en contextos educativos [18] o se valore el efecto en el mercado según la situación de acceso al mismo de la obra original [19].

Queda claro pues, que la jurisprudencia establece la aplicación de criterios de forma ponderada. Mientras que no queda claro que exista un orden de prelación entre los apartados del artículo 107 de la Ley de Copyright, la aplicación de la misma caso a caso y la fuerte relación entre los cuatro criterios deriva en una aparente simpleza en el proceso de análisis que siguen los tribunales. Podría entenderse que, a causa de la falta de taxatividad en la aplicación de la doctrina, existe inseguridad jurídica entre aquellos que se quieren acoger al “fair use”. Respecto a esto argumenta Samuelson [20] que existen unos patrones o usos que permiten dirimir con antelación cómo se ponderaron casos similares anteriormente, permitiendo así presentar la jurisprudencia adecuada para aprovechar el peso de esta en posibles litigios. De esta forma, se adapta el uso legítimo y se evitan limitaciones en su aplicación por excesiva rigidez en la valoración de los supuestos, facultando un mayor acercamiento al animus sobre el que se asienta el “fair use”. Detrás de esta lógica de aplicación se puede notar el legado de los cuatro pilares históricos presentados antes, tanto en los criterios como en el modo de aplicarlos.

El sistema de límites y excepciones a los derechos de autor en Europa y España

Tras analizar cómo se configura el “fair use” americano, cabe preguntarse si existe una doctrina similar en Europa. Por la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, suele ser habitual ver similitudes en distintas legislaciones. En este caso, los usos que no requieren de autorización del autor y/o titular de los derechos de propiedad intelectual en Europa, y específicamente en España, se configuran de una forma sustancialmente distinta. Mientras que la legislación estadounidense aboga por una

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doctrina de numerus apertus, dónde no se limita la excepción a unos usos determinados, el derecho comunitario europeo parte de una concepción más cerrada. Actualmente, las directivas en aplicación que establecen excepciones en los derechos de propiedad intelectual son la Directiva 96/9/CE, la Directiva 2001/29/CE y la reciente Directiva 2019/790/CE. En estas directivas, todas relativas a derechos de propiedad intelectual y su armonización en legislación nacional, definen cómo se configura y aplica el uso sin autorización del autor bajo el derecho de la Unión Europea. Por su evolución, la directiva más reciente modifica los casos bajo los que se admite un uso sin autorización permitiendo la aplicación de ambas directivas anteriores, que establecen excepciones de este carácter en los derechos de autor, derechos sui generis sobre bases de datos y derechos de reproducción y comunicación públicas en ámbito general.

A partir de las modificaciones introducidas por la Directiva 2019/790/CE y el texto original de las dos anteriores se configura un listado de límites a los derechos de autor : (i) extracción a efectos de ilustración con fines educativos o de investigación científica, a condición que tenga lugar bajo la responsabilidad de un centro de enseñanza, en sus locales o en otros lugares, o a través de un entorno electrónico seguro al que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro, y vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del nombre del autor, salvo que ello resulte imposible; (ii) actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, a condición que se indique el nombre del autor o de cualquier otro titular de derechos identificable, excepto cuando esta indicación sea imposible, y dichas obras u otras prestaciones se pongan a disposición en sitios web no comerciales; (iii) citas, críticas, reseñas; (iv) usos a efectos de caricatura, parodia o pastiche; (v) reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural con el fin de realizar, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito, salvo que no esté reservado expresamente por los titulares de derechos de manera adecuada.

Las directivas permiten además ampliar estos límites, asentando un derecho mínimo y permitiendo a los estados ampliar la aplicación. En España, la legislación aplicable es la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, “LPI”) y el Real Decreto-Ley 24/2021, encargado de transponer numerosas directivas entre las que se encuentra la más reciente de las analizadas.

La LPI reserva sus artículos 31 al 40 para definir una serie de supuestos a los que acogerse para la realización de actos de explotación de los derechos de propiedad intelectual sin que deba mediar la autorización del autor y/o titular de dichos derechos. De ellos, destacan las citas y reseñas ilustrativas de carácter educativo o científico, incluyéndose también aquí las reseñas críticas, los usos con ocasión de informaciones de

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actualidad, los actos de comunicación pública en actos oficiales o ceremonias religiosas y la parodia. Pese a existir más límites a los derechos de propiedad intelectual en el mismo capítulo, estos usos determinados atienden a las mismas razones por las que se constituye el “fair use” americano, pese a seguir un desarrollo paralelo. Mientras que los demás límites permiten un uso social por causas distintas, queda claro que estos casos se asemejan directamente a la explotación privada por la que nacen ambas doctrinas y por tanto constituyen un grupo asimilable.

De cualquier manera, el análisis de todos los límites debe hacerse a través del artículo 40.bis LPI y su regla de los tres pasos [21]. Esta regla sirve de cláusula general de salvaguarda para todo el sistema de límites y parte de la idea que, en la aplicación de los límites, estos no podrán ser interpretados de manera que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que afecten a la explotación normal de la obra. La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 172/2012 de 3 de abril [22], la única jurisprudencia que se aproxima a la aplicación del “fair use” en España, establece de forma clara que no existe una doctrina en España de creación jurisprudencial que permita el “fair use” de forma abierta, y niega que la aplicación del citado artículo 40.bis LPI se pueda hacer fuera del catálogo exhaustivo del mismo título. Aun así, el tribunal reconoce que el ejercicio antisocial o abusivo de los derechos de propiedad intelectual no se permite por los principios de buena fe y de prohibición del abuso de derecho, ambos contenidos en el artículo 7 de la Constitución Española. Un mayor desarrollo jurisprudencial de esta doctrina nos permitiría definir mejor su alcance y posibilidades.

Por otro lado, en el libro cuarto, título segundo del Real Decreto–Ley 24/2021, se ven transpuestos los límites a los derechos de propiedad intelectual presentados en la Directiva 2019/790/CE en la medida que no estuviesen ya previstos en la LPI. Estos usos permitidos son los usos pedagógicos en actividades educativas digitales y transfronterizas, los usos con objeto de conservación del patrimonio cultural, el pastiche o collage, y finalmente el uso dedicado a minería de textos y datos. Mientras que los tres primeros, al margen de sus condiciones particulares a cumplir, no presentan un amplio interés, la minería de textos y datos cobra una importancia mayor cada día.

El artículo 66 del Real Decreto–Ley 24/2021 define la minería de textos y datos como “toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye pautas, tendencias, correlaciones o elementos similares”. Si bien es cierto que para estos usos no se requiere del consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 67, apartado 3 del Real Decreto-Ley 24/2021 (así como también lo hace la normativa europea, aunque en términos sustancialmente diferentes) prevé una excepción a este límite, disponiendo que no será de aplicación cuando “los titulares de derechos hayan reservado expresamente el uso de las obras a medios de lectura mecánica u otros medios

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que resulten adecuados”. Esta excepción al límite dista de lo dispuesto por la normativa europea al ser aplicable tanto para el sector privado como para aquellos supuestos en que el beneficiario de la excepción es un organismo de investigación o responsable del patrimonio cultural (a contra sensu de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2019/790).

En cualquier caso, la propia concepción de esta excepción limita las actividades de minería de datos y textos ya desde su propia definición (circunscrita a las técnicas “automatizadas”) y, adicionalmente, puede llegar a desalentar la inversión en el mercado europeo a causa, justamente, de las limitaciones impuestas normativamente.

Redes, Inteligencia Artificial y los usos legítimos

En el marco de este artículo, se ha realizado un estudio relativo a la configuración del “fair use”, y cómo se manifiestan los usos que no requieren de autorización del autor y/o titular de los derechos en distintas jurisdicciones y los distintos modelos adoptados. De todas formas, cabe realizar un ejercicio de reflexión al respecto de la evolución de dicho concepto, y cuál va a ser la perspectiva de futuro que nos espera.

Cuando se discute sobre el impacto que ha tenido el uso legítimo en la red existe una actividad principal y un caso clave. El caso referido es el litigio que Alphabet, antes Google, ha tenido respecto al servicio Google Books. Este servicio ofrece extractos cortos de libros en papel, ya escaneados, con el propósito de acceder a ellos de forma libre para el fin que sea. En este caso, Authors Guild argumentaba que el hecho de escanear copias de libros y ofrecerlos gratuitamente en la red era un acto que contravenía los derechos de autor, y que por tanto no podía hacerse de forma libre. La resolución fue favorable a Alphabet por aplicación de la doctrina del “fair use”, demostrando que en la red también es aplicable y considerando que el acceso era demasiado limitado para tener algún efecto sobre el contenido económico de los derechos reivindicados.

Por otro lado, una de las actividades que más controversia ha causado es la puesta a disposición de contenidos que se encuentran en línea. Existen dos tipos de plataformas que podemos considerar que ofrecen este tipo de servicios, distinguiendo entre las que ofrecen el acceso a contenido creado por los usuarios, véase YouTube, Twitch, etc. y las que ofrecen acceso a contenido creado por terceros o simplemente recopilan direcciones web en un buscador, como fue en su momento Series.ly [23] y que motivó cambios en la legislación vigente en ese momento. En Europa, la cuestión relevante es quién responde ante los propietarios de los derechos de autor en caso de que el contenido publicado los infrinja. La respuesta que da el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico no es intuitiva, pues en ambos casos, es la misma plataforma la encargada de

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controlar que el contenido no infringe derechos de propiedad intelectual y será también responsable por las acciones que se deriven de esta infracción si no actúa con la diligencia debida.

En este punto, cabe plantearse cuál será el paradigma en un futuro, pues ha quedado patente la dificultad que tienen empresas como YouTube a la hora de controlar contenidos [24] y cómo han adoptado una política de cero riesgos. Es posible que, debido al control al que se tienen que someter algunos de los contenidos compartidos en línea, la posibilidad de acogerse al uso legítimo en espacios en la red se vea limitada por los mismos espacios. Esta limitación provoca en el usuario que los derechos de autor en internet sean materialmente más extensos, no porque su configuración jurídica sea distinta, sino por cómo el balance de responsabilidades se ha planteado y las consecuencias que se derivan del mismo. Por otra parte, también sería complicado marcar responsabilidades a los usuarios de las plataformas por el contenido que comparten, pues perseguir como tercero a estos usuarios exigiría un uso de recursos demasiado extenso. Los propietarios de los derechos se verían obligados a peinar todos los contenidos en busca de usos no autorizados, y además tendrían que enfrentarse a la dificultad de conocer la identidad de la persona detrás de la cuenta.

Otro aspecto relevante, y con una importancia creciente, es el uso de contenidos protegidos en las fases de entrenamiento de la inteligencia artificial. Cuando se están preparando estos softwares, hay una fase dónde se alimenta a la inteligencia artificial del contenido específico del que se quiere que aprenda. El origen de este contenido suele ser opaco, pero la gran cantidad de datos requerida podría sugerir que no siempre exista una autorización o licencia para hacer uso de esta. Un ejemplo claro de ello sería Chat GPT. El programa conoce de contenidos que se encuentran protegidos por derechos de autor. Cabe cuestionarse si el uso de estos contenidos sin autorización infringe los derechos de autor y si se puede considerar que el contenido generado por la IA es derivado directo del contenido del que se alimenta o es una creación nueva.

Bajo la doctrina americana, la justificación amparada bajo la doctrina del uso legítimo es posible. Mientras que el mismo Chat GPT confiesa que se han usado contenidos protegidos [25], se puede argumentar que este uso cabe realizarlo gracias al “fair use”. Por otra parte, se puede argumentar que al tener conocimiento de este contenido protegido se afecta al valor de mercado del mismo pues el usuario ya no tiene ninguna necesidad de adquirir la obra original. Podría ser especialmente cierto en casos de libros educativos, casos de estudio, y demás contenido donde el valor no reside en la calidad artística sino en la información clave. Al respecto de esto, se deberá hacer un seguimiento de las primeras acciones que se iniciaron a principios de 2023 [26] para ver cómo acaba la pugna y cuáles son las consecuencias que se derivan de la misma.

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En Europa el sistema aboga por una solución más sencilla. Cómo el sistema de límites se configura como un sistema numerus clausus, se podrá realizar sólo aquello que se ajuste estrictamente a lo estipulado en la ley. En este caso, la minería de texto y datos que se indica en la Directiva 2019/790/CE se ajusta a la actividad realizada. Por tanto, no hay mucho margen para la disputa, debiendo eso sí justificar el propietario del software y/o algoritmo que el acceso a dicho contenido se ha conseguido de forma legítima.

Un último aspecto que analizar es la posibilidad de que las obras creadas por inteligencia artificial sean susceptibles o no de ser protegidas por derechos de propiedad intelectual. Podría considerarse que no se trata de un contenido protegible por no ser una obra original, atendiendo a consideraciones cómo la intervención humana, el origen y proceso al que se someten los datos o la posibilidad que el software solo realice réplicas parciales de los contenidos con los que se ha entrenado. Una decisión de este tipo vacía de valor aquello creado por la inteligencia artificial, pero facilita la configuración jurídica alrededor de estos contenidos. Por otro lado, considerar que sí pueden ser objeto de protección los contenidos fruto de una inteligencia artificial generativa tiene implicaciones mayores. En primera instancia, quién es el propietario y quién será responsable por una posible infracción de derechos de autor. Si se considera que el usuario que solicita el contenido es el propietario, para analizar si existe o no un uso legítimo o un uso que no requiere autorización por quedar amparado por los límites normativamente dispuestos, se deberá atender a cada caso concreto. Una asignación de responsabilidad parecida a la de las plataformas de contenido, dónde sería responsable el propietario del software, cortaría el problema de raíz pues el mismo software ya no permitiría usos ilegítimos. Por otro lado, si el propietario del contenido es el propietario del software, hay que definir la relación entre el programa y el contenido, pues se puede entender que el contenido es un fruto del programa o que forman parte de la misma cosa. Esta distinción también es relevante, pues afecta a cómo se aplica el uso legítimo o los usos amparados por los límites normativos al poder considerar obra derivativa el contenido generado o todo el conjunto.

Queda claro pues que, debido a la novedad que presentan los sistemas basados en inteligencia artificial, se deberá adaptar la normativa actual respecto a la propiedad intelectual que deriva de ellos y conocer más a fondo su funcionamiento para poder delimitar como las actuales excepciones de uso legítimo o límites normativos aplican en este caso.

Conclusión

La doctrina del uso legítimo tiene su origen en la tradición anglosajona y cuenta con un desarrollo posterior en Estados Unidos. En paralelo, la normativa comunitaria y

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en particular, la española, también prevé, bajo una concepción distinta, ciertos límites o excepciones a los derechos de autor que permiten justamente equilibrar y ponderar la protección de las obras y de sus titulares y permitir el acceso a estos bienes por el público. Es cierto, como ya anunciábamos, que la concepción es esencialmente distinta, siendo el “fair use” americano eminentemente abierto y casuístico, en contraposición al sistema de casos cerrados propio del derecho continental europeo. Sin embargo, en ambos casos se pretende garantizar un uso social de los derechos y garantizar que existe un flujo de información que nos permita progresar, todo mientras se vela por la protección de la propiedad intelectual.

La adopción de la nueva directiva europea, aún muy reciente en España, implica que en un futuro existirá un desarrollo doctrinal y jurisprudencial respecto a estos límites, consiguiendo así asentar unos parámetros de aplicación que permitan un uso más definido en el día a día. También se deberá reevaluar la transposición de la normativa sobre extracción y minería de texto y datos, pues la actual redacción puede ser problemática a la hora de conseguir los fines que se persiguen.

Asimismo, y a causa de los constantes cambios tecnológicos, los derechos de propiedad intelectual se transforman y evolucionan más rápido que nunca, provocando que el legislador tenga que seguir el ritmo para no quedarse atrás. Es posible que las excepciones previstas normativamente, o los usos que sean calificados como legítimos en los sistemas anglosajones, también sigan el mismo camino, y el paradigma sea esencialmente distinto en un futuro.

Bibliografía y notas

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[22] STS 172-2012, 3 de Abril de 2012. vLex. (n.d.-a). https://vlex.es/vid/438050238

  1. Bécares, B. (2023, May 23). Series.ly Siempre Tuvo Razón. y El Caso Se ha cerrado con un sentencia como la de tantas de webs de Descargas: ERA legal. Genbeta. https://www.genbeta.com/actualidad/series-ly-siempre-tuvo-razon- caso-se-ha-cerrado-sentencia-como-tantas-webs-descargas-era-legal
  2. Palacio, M. (2016, February 25). ¿Qué es el “fair use” y Qué Está Pasando en YouTube? Safe Creative: Blog. https://www.safecreative.org/blog/es/2016/02/22/5067/

[25] https://chat.openai.com/share/af693524-b456-484c-92f9-59f7ed57d052

[26] Counsel for individual and representative plaintiffs Sarah Andersen … (n.d.-c). https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion- complaint.pdf

Anexo de legislación y jurisprudencia

Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978).

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22/04/1996).

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021, páginas 133204

a 133364).

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 172/2012, de 3 de abril.


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