LEY DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL

DESGLOSE Y ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA HOLISTA

 

 

Manel Pérez i Serra (3º GBD)

Introducción

La nueva LO 10//20022, que entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2022, nace como proyecto legislativo en materia de defensa del derecho a la libertad sexual. El presente artículo realiza un análisis del clausulado desde una perspectiva transversal para facilitar la comprensión de cómo una ley que versa sobre distintas ramas del derecho encaja todas las piezas del puzle para conseguir una defensa integral del derecho mencionado.

Como ya explica su preámbulo, la problemática de las violencias sexuales es la combinación de la gravedad de la afectación en la víctima con la privacidad del ámbito sobre el que se ejerce. Por ello, la referida ley transporta al ámbito público e institucional una cuestión a resolver desde una perspectiva holista. Se reconoce socialmente que la violencia de género contra las mujeres, pese a las dificultades que existen para erradicarla. Por ello el legislador español, mediante esta ley, pretende proponer un plan de choque que permita no solo la recuperación de la víctima en todos los casos, sino la prevención mediante la actuación institucional. Por ello, se aprueba una ley que afecta a una diversidad de ámbitos unidos por un objetivo claro: la defensa de la libertad sexual.

Se realiza en este artículo un desgranado título por título de aquello que dicta el texto, poniendo en perspectiva lo que implica y razonando mediante las herramientas que la misma ley orgánica nos presta y numerosos estudios sociológicos el cómo y el porqué de esta ley, de su perspectiva transversal y de las decisiones tomadas por el legislador en su redacción. Por la naturaleza del artículo y por la corta vida de la ley no procede un análisis artículo por artículo de sus implicaciones legales, pues se carece del precedente de aplicación que permita un estudio en mayor profundidad.

Análisis del Título Preliminar

El título preliminar, que contiene solo tres artículos, define el objetivo, finalidad, ámbito de aplicación y principios rectores de la referida ley.

El artículo uno realiza un encuadre del objetivo y finalidad de la ley en sentido exhaustivo. Nos avanza aquello que la ley desarrolla y explicita aquello que el legislador pretende resolver o mejorar.

Declara que, mediante el texto, se pretende defender y garantizar el derecho a la libertad sexual de forma integral, describiendo todo aquello que se considera esencial para

su correcto desarrollo. También indica de forma superficial la metodología que se seguirá en desarrollo de los siguientes artículos para garantizar una afectación transversal de todas las potestades del Estado, presentando aquello que se considera parte integral de la libertad sexual y que es esencial y básico para la recuperación individual en caso de considerarse víctima: prevención, sensibilización, detección y sanción de las violencias sexuales, así como respuesta y atención integral a la víctima y recuperación en todos los ámbitos vitales de la víctima. Se declara también que, en tanto que las mujeres, niños y niñas son los más afectados por las violencias sexuales, como señalan los datos proporcionados por el Instituto de las Mujeres son aquellos sujetos a los que la ley debe proteger.

El último apartado del primer artículo describe aquellas obligaciones que se desprenden de la ley y que vinculan a las administraciones públicas, pues se configuran como objetivos a conseguir. Por tanto, afectarán a la interpretación finalista que se realice a la hora de interpretar la ley en diversas circunstancias. Se pueden consultar en el texto legal e incluyen desde la mejora de las técnicas de investigación y seguimiento de datos relacionados con el ámbito de aplicación de la ley a la obligación de garantizar a las víctimas los derechos que el presente texto constituye y defiende en los títulos posteriores. Cabe poner especial atención al punto j) del tercer apartado: explicita de forma clara uno de los objetivos de la ley. El apartado dicta que, en su aplicación, la referida ley y, por tanto, toda regulación que se desprenda de ella deberá atender a la realidad específica de las víctimas de violencia sexual. La vinculación a este precepto implica la necesidad de poner atención a la situación transversal de aquellas personas a las que esta ley ampara de forma específica, especialmente a cuestiones que puedan indicar discriminación y desigualdad como pueden ser las listadas en el artículo 14 de la Constitución Española. De hecho, la referida ley menciona el especial cuidado en la comprobación de la afectación de discriminación interseccional que queda descrita en el artículo 2.

El segundo artículo, de principios rectores, sienta las bases sobre las que la interpretación de la ley y las actuaciones de las distintas administraciones deben regirse. Son, por orden de aparición: el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y fundamentales; la diligencia debida; el enfoque de género; la prohibición de discriminación; la atención a la discriminación interseccional y múltiple; la accesibilidad; el empoderamiento; la participación de las víctimas; la equidad territorial; y la cooperación.

El primer principio, de amplia aplicación pero no por ello menos importante, se dirige a aquellas actuaciones de la administración y de los profesionales vinculados por la referida ley. Permite al legislador una vinculación explícita y facilita la aplicación de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos y fundamentales de forma directa.

El segundo principio rector, de diligencia debida, no queda restringido solo a las actuaciones posteriores a la comisión de un delito que afecte a la libertad sexual, sino que versa también sobre todas las actuaciones que debe realizar la administración en materia de prevención, promoción de justicia, asistencia y reparación de las víctimas. Es la expresión del ánimo del legislador: la protección integral no solo es posterior a la comisión del delito, sino que, por su naturaleza, por los efectos irreversibles que tiene

sobre la vida de las víctimas y por la problemática que genera en el ámbito social, la protección integral debe afectar a todas las esferas de la sociedad de la misma forma que las violaciones al derecho a la libertad sexual afectan a todas las esferas de la vida de las personas, en especial mujeres y menores.

El enfoque de género, tercer principio rector, insta a la administración a enfocar sus políticas, programas y actuaciones, entre otros, a incluir un enfoque de género en el sentido en que deben reconocer los estereotipos y roles de género para garantizar los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas que sean objeto de amparo por esta ley. Se puede considerar este principio como una forma de completar la actuación transversal. Reconoce que el origen del problema, tal y como se menciona en el preámbulo, no es simplemente individual ni nacido en el ámbito privado, sino que es una cuestión social que debe ser resuelta para mejorar la convivencia social, garantizar los derechos de todos los ciudadanos y construir una sociedad más igualitaria.

La prohibición de discriminación y la atención a las discriminaciones interseccionales y múltiples nacen del derecho a la igualdad del art. 14 CE. Los principios rectores mencionados al principio de este párrafo, además de garantizar una aplicación igualitaria y obligar a la administración a tener en cuenta todas las circunstancias de la víctima, también generan un problema. Esto se debe a que, en virtud de la prohibición de discriminación, el artículo 3 de ámbito de aplicación podría generar una situación de discriminación. Mientras que el ámbito de aplicación se define para todos los delitos contra la libertad sexual, se define el ámbito de aplicación subjetivo para mujeres, niños y niñas. A consecuencia de ello, mientras que, por un lado, en el artículo dos se prohíbe la discriminación por razón de sexo y género en virtud del derecho a la igualdad, por otro lado se excluye a los hombres de la aplicación de los derechos que configura y garantiza la referida ley. Cabe argumentar que la aplicación de la ley es discriminatoria de forma positiva a los colectivos más afectados por este tipo de afecciones, pero eso no implica que se deba minimizar los efectos en las víctimas no amparadas. Debemos preguntarnos si es moral excluir a una minoría que, solo por pertenecer al grupo considerado opresor, no puede acceder a los mismos derechos, asistencia y reparaciones que el resto de víctimas. Por tanto, se debe considerar si, para enfatizar el sufrimiento del grupo que claramente es un mayor receptor de este tipo de violencia, se debe invisibilizar u olvidar a otras víctimas que, por el funcionamiento del mismo sistema y por los mismos roles sociales que provocan la problemática que se pretende resolver por esta ley, ya tiene suficientes dificultades para acceder al sistema de justicia. El trabajo de final de grado citado expone esta realidad mediante entrevistas cualitativas a hombres en situaciones de violencia dentro de una relación heterosexual, y critica la invisibilización que sufren.

El siguiente principio, el de accesibilidad a las medidas y recursos que ofrece la ley, implica que a la hora de ejecutar el contenido de la misma se deberá facilitar el acceso a aquellas personas con dificultades para hacerlo. El artículo se refiere a personas con discapacidad, en situación de dependencia, con barreras idiomáticas o diferencias culturales, mujeres mayores o menores de edad. Cabe valorar si, como se refleja en el resto de la ley, este principio no se interpreta de forma restrictiva en referencia a cuáles circunstancias son las consideradas como dificultades de acceso. El mismo apartado indica que la evaluación principal de estas circunstancias debe atender a la facilidad de comprensión y acceso de las medidas, y, por tanto, se puede argumentar que la lista de

circunstancias no es un clausulado cerrado y simplemente ofrece ejemplos para guiar a la administración en el momento de ejecutar lo contenido en la ley. Por ejemplo, la simplificación de los procesos burocráticos o del vocabulario utilizado en todo lo relativo a la información sobre el acceso a los derechos contenidos en el texto legal no solo implica facilidades para aquellos sujetos en una situación más desfavorable sino a todas las víctimas. Por otra parte, en el Título IV, Capítulo I, artículo 33, se establece que el derecho a la asistencia integral incluye servicios de traducción, claramente enfocados a personas que no entienden o dominan cualquier de las lenguas vehiculares que permiten el acceso a los servicios sanitarios, de justicia, etc. Es por ello que se puede afirmar que, mientras el principio de accesibilidad es positivo para todas las víctimas y debe ser de aplicación general, también tiene una vertiente específica que debe considerar las circunstancias personales de cada caso. La configuración del principio casa, por tanto, con la atención integral y transversal que promueve la ley, pues mientras facilita de forma general a las víctimas el amparo en lo contenido en el texto legal, también atiende específicamente a las necesidades personales de cada sujeto.

El séptimo principio rector, de empoderamiento, refiere al enfoque que deben tomar las políticas de aplicación de la ley. Aunque se designa como empoderamiento de la víctima, este principio lo que implica es el cambio de visión reo-centrista de los procesos actuales a uno victimo-céntrico. Este enfoque se refiere a que las medidas a tomar no son en protección del derecho penal o de lo que este dicta, sino que el derecho se vuelve una herramienta para proteger los derechos de la víctima, tal y como expone el artículo. Este enfoque victimo-céntrico se puede considerar como una aplicación del derecho en el riesgo de victimización, pues es más garantista para los derechos de la víctima en el sentido en que se protege a esta de los posibles riesgos de revictimización que de la primera afectación. No obstante, la prevención de este riesgo es compatible con los intereses del victimizado Mientras que este enfoque choca con el reo-centrismo actual del sistema penal, es justificable que se permita cierto alejamiento de las políticas garantistas de los derechos del reo. Obviamente no es posible aplicar medidas restrictivas de libertad a un reo en virtud del riesgo de que pueda reincidir, pero también cabe valorar las tasas de reincidencia tanto penitenciaria como policial. Aun así, el enfoque que propone este principio rector no implica un cambio general en la política criminal, sino algo mucho más matizado. En este caso, la protección de la víctima no pasa por centrarse en el reo de forma individual y en la relación que este tiene con la víctima, sino en una inclusión general de programas de educación sexual a los reos condenados por delitos contra la libertad sexual y medidas enfocadas a la recuperación de la víctima. Se define el principio como empoderamiento porque el objetivo no es solo la reeducación del reo sino dotar a la víctima de recursos para reducir el riesgo de revictimización. Un ejemplo de ello es el derecho de posibilidad de relocalización territorial contenido en el artículo 38 para trabajadoras y en el 40 para funcionarias. Mientras que este derecho versa sobre derecho laboral, nace de una caracterización de víctima penal. Por tanto, se realiza de forma transversal esta identificación como víctima en pos de garantizar que el sujeto es capaz de reconstruir su vida, de reducir el riesgo de revictimización por proximidad y huir del estigma social que existe alrededor de las víctimas, tal y como señala la cita. Es por ello que este enfoque victimo-céntrico no se refiere a la política que debe seguir el sistema penal, sino a cómo se debe entender el ánimo de las políticas implementadas en esta ley: el empoderamiento pasa por garantizar los derechos de la víctima y por facilitarle la

recuperación en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida, tal y como dicta el punto c) del tercer apartado del artículo 1.

El siguiente principio, de participación, nace entrelazado con el previo. Predica que, en el diseño e implementación de las políticas nacidas de esta ley, se colaborará con víctimas, asociaciones y agrupaciones feministas, y sindicatos y asociaciones empresariales. Este principio permite que, mediante la participación de estos sujetos, se adopten medidas útiles para aquellos a las que se aplican, pues personas con experiencia o conocimientos específicos sobre la materia a tratar se ven implicados en el proceso. Permite, por tanto, garantizar que estas medidas sean consideradas como idóneas y adecuadas por aquellas personas que las necesitan. Esta participación, por otra parte, no implica vinculación y también es tarea de la administración valorar la proporcionalidad, idoneidad y eficacia de estas medidas durante el proceso de implementación. Por otra parte, la participación también se prolonga a los posteriores procesos de evaluación, permitiendo una vinculación en el tiempo entre la administración y los sujetos afectados.

La equidad territorial, penúltimo principio rector, apremia a la administración a garantizar el acceso de forma uniforme en todo el territorio. Además, también incluye garantizar la equidad de aplicación de las medidas, en caso de que la competencia sea territorial, para garantizar que el acceso a estas y la protección de los derechos no es dispar en el territorio por cuestiones de facilidad y posibilidad de acceso, recursos disponibles o aplicación desigual en el desarrollo del texto legislativo.

Por último, el principio de cooperación entre administraciones garantiza la aplicación transversal de esta ley, vinculando entre sí a todas las administraciones, entidades o instituciones. Es una expresión clara del ánimo de proteger de forma transversal estos derechos. Reconoce que la aplicación de las medidas que desarrolla esta ley involucran a una variedad de sujetos (individuales o colectivos) y que, por tanto, la aplicación efectiva de lo propuesto por esta ley requiere de colaboración entre administraciones.

El artículo tres, tal y como se ha avanzado anteriormente, indica el ámbito de aplicación de la ley. La primera parte indica el ámbito objetivo: las violencias sexuales. Se incluyen los delitos previstos en el Título VIII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, y a efectos estadísticos y de reparación, el feminicidio sexual. Queda claro que, por tanto, el bien jurídico que se defiende de manera objetiva es el de libertad e indemnidad sexual.

En segundo lugar, se define el ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley aplica, de forma expresa, a mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España. Existen diversos matices, y es que, si la violencia se produce en territorio español, no importa la nacionalidad o situación administrativa de la víctima a la hora de acceder a estos servicios y derechos. Esto atiende a que la prioridad es erradicar las violencias, y negar el acceso a la tutela de sus derechos a las víctimas por cualquiera de las razones anteriores, iría, en primer lugar, en contra de la no discriminación y, en segundo lugar, sería contrario a la obligación de combatir las causas de discriminación interseccional. El ámbito subjetivo incluye además a aquellas mujeres, niñas o niños de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero, garantizando así sus derechos

como víctimas. Se establece, eso sí, que ello no implica un cambio de régimen respecto a la competencia que tienen los tribunales españoles frente a estos crímenes.

Vista la configuración que da la ley al ámbito subjetivo, se puede recordar lo señalado antes en el análisis del principio de no discriminación: los hombres adultos quedan fuera de la aplicación. Como la ley entró en vigor el pasado 7 de octubre no existe jurisprudencia al respecto, pero se deberá realizar un seguimiento respecto al desarrollo jurisprudencial de esta limitación de carácter subjetivo.

El tercer punto indica que, por existir una protección especial del menor en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, lo contenido en esta ley deberá estar en armonía con lo preexistente. Por último, el cuarto punto indica que, debido a la naturaleza de los delitos incluidos en el ámbito objetivo y de la especial protección de los menores y personas con capacidad jurídica limitada, se debe considerar que estos delitos no sólo afectan a la libertad sexual sino a la dignidad de la persona humana, pues afectan de forma directa y agravada a la capacidad de desarrollar uno mismo su personalidad de forma libre.

Análisis del Título I

El Título I se centra en la investigación y producción de datos. Establece aquello a investigar y las fuentes de donde se obtendrán los datos, quién es el órgano encargado de realizar estos estudios y una disposición que establece una obligación de fomento de estos estudios condicionada a unas materias concretas. El título establece una línea clara de motivación implícita que se concilia mucho con lo establecido en el preámbulo y el título preliminar. Queda claro que los principales objetivos de los estudios son la evaluación de las medidas aplicadas para facilitar una adaptación de estas, mejorar la comprensión de la realidad fáctica relativa a las violencias contra la mujer y conocer los factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer. Es notable la declaración que realiza el legislador con lo previsto en este título: los datos son de vital importancia no solo para conocer el impacto que tiene esta ley contra la problemática que se plantea resolver, sino también para ayudar a diseñar una aplicación más efectiva de esta.

Análisis del Título II

El Título II, de prevención y detección, queda seccionado en dos capítulos. El primero, de prevención y sensibilización, establece todos aquellos protocolos de prevención de las violencias sexuales en ámbitos educativos, sanitarios, laborales, militares, digitales, institucionales, administrativos y sociales. Además, se establecen también políticas institucionales, públicas y privadas de sensibilización, ofreciendo incluso incentivos en aquellos casos donde proceda, como puede ser en el ámbito empresarial. Todo el capítulo se desarrolla de una forma muy general, sin especificar cuáles son las medidas concretas, su alcance ni amplitud. Existe remisión reglamentaria, aunque no de forma generalizada, pues las obligaciones que se configuran son mayoritariamente para órganos, entes o sujetos sin esta potestad. Cabe prestar especial atención a los planes de sensibilización en el ámbito educativo. Se incluyen de forma

generalizada estos planes en todas las etapas educativas no universitarias, y de forma adaptada a éstas. En el caso de las etapas universitarias, los planes de sensibilización serán más enfocados a aquello que se está estudiando.

Aunque podría parecer un título poco importante, está demostrado que las políticas de sensibilización en cuestiones de roles de género tienen un impacto en las estadísticas de violencia y, por tanto, que la educación social no es solo una medida viable sino importante en la batalla contra las violencias de género y sexuales. El estudio señala, comparando los datos de violencia por compañero íntimo hacia la mujer con el Índice de Desarrollo de Género en una distribución geográfica, que las provincias con mayor IDG registran menos mortalidad o agresiones por VCI y concluye que una estrategia como la planteada en la referida ley es adecuada.

El segundo capítulo, de detección, establece la obligación de desarrollar protocolos específicos de detección en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario. Otra vez, solo indica la obligación de incluir estos protocolos y los entes y órganos encargados de hacerlo, pero no establece unas pautas específicas en términos materiales. El capítulo incluye también un artículo donde el nexo de unión para el diseño de los protocolos no es el ámbito de detección sino el delito que se persigue, siendo estos los casos de mutilación genital femenina, de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de matrimonio forzado.

Análisis del Título III

El Título III, de formación, versa sobre los requisitos de formación que deberán recibir los profesionales que trabajan en ámbitos relacionados con la aplicación de esta ley y que participan de los organismos que permiten configurar el derecho a la libertad sexual de forma efectiva. Estos son los profesionales en el ámbito docente y educativo, del sector sanitario, sociosanitario y de servicios sociales, profesionales de los cuerpos de seguridad, personal de la administración de justicia, en la carrera judicial y fiscal, en el ámbito de la abogacía, en el forense, en el penitenciario o de custodia y del personal en el exterior. La formación se incluirá, de forma general, en los materiales de la formación inicial obligatoria, sea esta una carrera o grado universitario, un módulo de formación o los materiales de acceso, entre otros. Además, se prevé una formación continua para garantizar que los profesionales que se encuentran ejerciendo se formen de manera simultánea, y aquellos que sí han tenido la oportunidad de realizar la formación en las etapas previas actualicen sus conocimientos a aquello más actual.

La formación, aunque no es igual para todos los ámbitos, se centra en unos objetivos: asegurar que el ejercicio profesional se realiza de la forma más efectiva posible, que en ello se garantizan los derechos de las víctimas y que el profesional comprende la perspectiva de género y es capaz de aplicarla en su trabajo. Obviamente, las necesidades de cada profesional son distintas y la formación será diferente para un agente de los cuerpos de seguridad del Estado que para un abogado o un juez.

Además, se realizará una evaluación de los centros formativos para asegurar el cumplimiento de la formación en esta materia que, en caso de incumplimiento, resultará en un informe desfavorable sobre el plan de estudios al completo.

Análisis del Título IV

El Título IV, configurador del derecho a la asistencia integral especializada y accesible, es la justificación a la formación especializada del Título III. La necesidad de garantizar una asistencia que cumpla de forma global en términos de calidad y resultados implica una formación de los vinculados en el proceso: desde los profesionales que tienen que prevenir, hasta los implicados en la administración de justicia, pasando por aquellos que realizan una primera respuesta.

El derecho configurado en el presente título, que emana del derecho a la libertad sexual, se establece como un derecho a que la administración preste todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la víctima, su recuperación completa y la continuidad de su vida. El primer artículo del título, el artículo 33, incluye una cláusula abierta de lo que el derecho debe incluir, imponiendo unas actuaciones mínimas. Estas son las siguientes: información y orientación sobre los derechos y recursos a los que puede acceder la víctima, atención médica y psicológica en el plazo inmediato, corto y largo, con perspectiva de género y especial atención a los derechos humanos, atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales en el plazo inmediato, corto y largo, por lo dispuesto en artículo 35 de la referida ley, asistencia y asesoramiento jurídico previo gratuito en los procesos derivados de la violencia, seguimiento de sus reclamaciones, servicios de traducción, asistencia personal para las mujeres con discapacidad y atención especial en los casos tasados y para menores.

El clausulado, amplio en su marco material, despliega un paradigma de atención general que completan los siguientes artículos, especialmente los ya citados y el capítulo II del mismo título. Los puntos a destacar son la atención que pone el legislador a la hora de asegurar que los recursos son comprensibles y accesibles para la víctima, no solo mediante unas medidas obvias sino también mediante el apoyo institucional y legal para no limitar a cualquier sujeto que se encuentre en el territorio español. El ámbito de aplicación ya dicta que cualquier mujer, niño o niña que se encontrase en territorio español queda incluido en las medidas, pero hace un esfuerzo en facilitar el acceso a personas en situación irregular mediante el acceso a una situación de regularización de forma extraordinaria. Queda, por tanto, acreditada la voluntad del legislador de asegurar que, mediante el apoyo institucional y la facilidad de acceso a recursos, se tienen en cuenta los principios rectores, en especial los de no discriminación y facilidad de acceso. Esto atiende a que, de forma sistemática, aquellos con menos acceso a recursos que les faciliten ejercer sus derechos son también los que, presumiblemente, tienen más dificultades para realizar una tarea autodidáctica o formativa que les permita defenderse autónomamente. El informe presenta datos de ingresos por nivel educativo, relacionados con lo expuesto en cuanto aquellas personas con menos recorrido educativo tienden a tener menos recursos, y este menor acceso a la educación puede limitar sus habilidades a la hora de acceder a recursos. Por tanto, para asegurar la efectividad de las medidas de

forma transversal entre todos los estratos de la sociedad, se debe también atender a la realidad educativa, económica y social.

El Capítulo II del título establece una serie de derechos económicos, laborales y sociales que permiten a la víctima restablecer su vida una vez pasado el tramo inicial. Se entiende que, por los graves efectos que tiene sufrir cualquiera de los delitos comprendidos en el ámbito objetivo de la ley, se requiere de un periodo inmediato de recuperación y de unas medidas posteriores que faciliten la recuperación integral. Es por ello que este título configura una serie de derechos para la víctima trabajadora, autónoma y funcionaria para asegurar que su futuro laboral no se vea permanentemente afectado por su situación. Estas medidas atienden a la realidad de las víctimas, a las necesidades que puedan aflorar en su recuperación y a las necesidades económicas inmediatas. Incluyen un replanteamiento de su horario y puesto de trabajo, movilidad geográfica, derechos de excedencia, justificación de ausencias relacionadas con su situación de víctima, acceso a una bolsa de trabajo prioritaria, ayudas económicas y acceso prioritario al parque público de vivienda. La creación de estas medidas incluidas en el derecho a la asistencia integral atiende a la vinculación que tiene una violación al derecho de la libertad sexual con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se justifica que se dé acceso a una globalidad de medidas que permiten una autonomía personal por el carácter integral de esta ley. Cabe recordar que, en el artículo uno se declara como uno de los objetivos de esta ley la garantía de recuperación de las víctimas en todos los ámbitos de su vida. Se pueden observar, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, medidas de similar índole pues la realidad es innegable: el agresor puede ejercer presión en forma de violencia económica para limitar la autonomía de la víctima. Es por tanto importante tener en mente la protección global, pues mantener una visión victimo-centrista permite identificar las necesidades que tiene esta para acceder al sistema de justicia, las posibles causas y soluciones que permitan prevenir la violencia sexual y facilitar a la víctima el acceso a un sistema de justicia que ya no requiere de perseguir al agresor, sino que se centra en asegurar a la víctima la tutela de su derecho. Si existe confianza en el sistema, el sujeto acude a él. Si se crea un estigma, se pierde la confianza en el buen funcionamiento o el sujeto ve imposibilitado por otras razones el acceso, entonces es cuando no se denuncian los casos y las medidas no son efectivas por no poder calificar a quienes las requieren.

Análisis del Título V

El Título V, constituido por cuatro artículos, trata sobre la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad del estado frente a casos de violencia sexual. La lógica detrás de la necesidad de definir protocolos de actuación especiales es ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de la víctima, facilitando la denuncia y seguimiento del caso por parte de las autoridades y permitiendo una evaluación del riesgo que reduzca las posibilidades de represalias contra la víctima por parte del agresor. Estas actuaciones se alinean con lo expuesto antes respecto a la necesidad de asegurar a las víctimas unos mínimos en materias de comprensión de su situación, protección, respeto y confianza para garantizar el acceso de éstas al sistema y no invisibilizar la problemática por no adecuar la respuesta institucional a las necesidades reales.

Análisis del Título VI

El Título VI, de acceso y obtención de justicia, queda dividido en dos capítulos. El primero, de evaluación y acreditación del delito, se centra en el acceso a los sistemas de evaluación forense, a la necesidad de creación de protocolos especializados, y en la reducción de actuaciones en casos de repetición. Este último punto, especialmente relevante, implica una aplicación de la perspectiva victimo-centrista pues atiende a la víctima no como un medio de prueba para el sistema penal sino como a la persona que hay que proteger. Por tanto, no se realizan unas actuaciones médicas de urgencia y unas médico-forenses separadas, sino que se establecen unos protocolos en primera instancia que permiten una recolección de datos relevantes y una evaluación médica en el mismo momento, ofreciendo un acceso a los servicios médicos con relevancia jurídica más comprensivo para los intereses de la víctima, evitando así, tal y como dice el artículo 48.3 una victimización secundaria.

El segundo capítulo, de protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas establece unas obligaciones para distintos entes y órganos de la administración que garantizan, en primer lugar, que la víctima conoce sus derechos, como ejercerlos y el proceso de obtención de justicia. En segundo lugar, se limita la posibilidad de publicidad de la identidad y datos personales en las actuaciones y procedimientos relacionados con las violencias sexuales, además de proteger a las víctimas en los ámbitos digitales en los casos que corresponda. Esto permite una limitación de la victimización secundaria, donde la víctima no solo lo es del delito inicial, sino que además queda en el ojo público, especialmente en los casos más relevantes públicamente, como ocurrió en el caso de la víctima de La Manada y donde la víctima se tuvo que someter a un escrutinio mediático en todos los aspectos de su vida.

Por último, se establece que las embajadas y oficinas consulares deberán prestar atención especializada y, en algunos casos, facilitar la repatriación de la víctima a España. Es, por tanto, la expresión clara del ámbito de aplicación a víctimas españolas en suelo extranjero.

Análisis del Título VII

El Título VII, del derecho a la reparación, establece el contenido y alcance del derecho, que incluye derechos económicos y simbólicos. El artículo 52, que configura el derecho de forma general, establece este derecho para las víctimas. Mientras que éste es especialmente económico, se enfoca como un soporte para garantizar la recuperación integral de la víctima. Como se ha comentado anteriormente, las medidas económicas proporcionan una independencia a la víctima esencial para facilitar que reanuden el curso de su vida, objetivo primario en la defensa integral de los derechos de la víctima. La compensación por indemnización se modula según los daños materiales y morales sufridos por la víctima y se modula por una serie de caracteres tasados en la ley. Esto son: daños físicos, psicológicos, morales y a la dignidad, la pérdida de oportunidades de forma extensiva, incluidas oportunidades educativas, laborales y de prestaciones sociales, daños materiales y lucro cesante, daño social entendido como daño al proyecto de vida, y el tratamiento terapéutico, social, o de salud sexual o reproductiva. La amplitud de aspectos

que se contemplaba la hora de valorar los daños atiende a la gravedad de las agresiones en materia de violencia sexual, el efecto que tienen en la víctima y la necesidad de reparar los daños en todos los ámbitos de su vida, alineándose con el carácter transversal e integral de la ley. Además, se establecen pensiones de orfandad y garantías de recuperación extensivas para los casos que, por su gravedad, no encuentren una respuesta suficiente en los protocolos habituales. Es, por tanto, una garantía completa de recuperación completa centrada en los efectos que la violencia sexual tenga en la víctima sea esta directa o indirecta. Por último, se vincula a la administración a realizar reparaciones simbólicas, donde el objetivo principal es reconocer el estatus de víctima del sujeto afectado, a efectos de restablecer la dignidad de las víctimas a título institucional. Aunque se podría discutir la efectividad de estas medidas, en realidad solo es una expresión de la publicidad de lo que se debe considerar un problema social. La expresión de rechazo institucional a este tipo de violencias es un paso más hacia una sociedad donde la percepción de la violencia sexual se constituye como la primera línea de defensa de los derechos de las víctimas.

Análisis del Título VII

El Título VII, de medidas de aplicación efectiva de la ley orgánica, se alinea mucho con lo establecido por el artículo comentado anteriormente. En este título se designan una serie de obligaciones, estrategias y medidas para garantizar que, desde una perspectiva institucional, se aplica correctamente lo establecido por la ley y se concreta de forma efectiva aquello dictado de forma general. Lo más relevante del título es la creación de una estructura institucional, la obligación de creación de partidas presupuestarias dedicadas a la aplicación de la ley, la aprobación de una estrategia estatal en el marco de la protección integral de la libertad sexual y la evaluación continua de las medidas propuestas.

Disposiciones adicionales, transitorias y finales

Por último, existe una amplia lista de disposiciones transitorias y finales de las que algunas, por su relevancia jurídica, vale la pena conocer. Este análisis, por realizarse con el ánimo de comprender la necesidad de intervenir de forma transversal en la problemática social relacionada con los delitos de violencia sexual y la protección de la libertad sexual, no entrará en detalle pues escapan de su enfoque. Por otra parte, cualquier jurista interesado deberá realizar una tarea de comparación entre la legislación previa y la que queda modificada por estas disposiciones, pues su afectación es amplia y francamente interesante. Por último, cabe señalar que todas estas modificaciones se realizan en virtud de lo dispuesto por la ley, siguen claramente las directrices planteadas por esta y vienen justificadas, sino directamente de la aplicación del articulado, de lo establecido en el preámbulo y los principios rectores. Tiene mucho sentido que, aunque no se declare directamente que deba realizarse una modificación en un ámbito concreto, la existencia de una ley orgánica de la cual el nexo es un aspecto objetivo, deban contemplarse los principios establecidos en esta en la aplicación transversal del resto de legislación que versa sobre la materia, quedando además derogadas todas las

disposiciones anteriores o inferiores que sean contrarias a lo dispuesto en la referida ley. Además, al no quedar limitada esta ley a una rama concreta del derecho, respeta los principios de jerarquía normativa.

Finalmente, cabe mencionar especialmente la disposición final cuarta LO 10/2022 por su relevancia en la aplicación práctica. Esta modifica sustancialmente el CP en los apartados relativos a las violencias contra la mujer tratadas por la LO 10/2022, modificando las penas y eliminando el abuso sexual para incluirlo dentro de la agresión sexual. La modificación de horquillas a la hora de señalar la pena ha causado controversia pues existen situaciones donde el reo se ve beneficiado. Esta modificación atiende a una remodelación del sistema de valoración de penas que plantea la LO 10/2022 en aplicación de sus principios rectores. Es cierto que a primera vista puede parecer que el objetivo de la ley es penalizar de una forma menor a aquellos reos con una pena catalogada como agravada, pero hay que aceptar que una modificación de esta magnitud puede crear situaciones como las mencionadas. El citado artículo en la referencia catorce presenta unos infogramas comparativos entre las penas nuevas y las antiguas muy útil a la hora de comprender la nueva configuración.

Además, se elimina el abuso sexual como delito y se incluyen sus reos en la agresión sexual, ahora con una horquilla más amplia en el límite inferior, pues se decide que la falta de consentimiento necesaria para cualquier delito sexual ya es violencia y por tanto no cabe un abuso sexual en su tipificación previa. Esta modificación es pareja a la realizada en el artículo 178.1 CP, donde se define un modelo de consentimiento expreso donde se requiere una expresión positiva de voluntad, y no solo una mera falta de oposición. El artículo citado realiza un valioso análisis en profundidad de lo que plantea el nuevo modelo, sus efectos y su ajuste a lo establecido en Convenio de Estambul de 2011.

Conclusión

La referida ley, planteada como un texto base para la actuación administrativa e institucional frente a la violencia sexual de cualquier clase teje mediante la creación de medidas y servicios una respuesta dedicada a las víctimas y enfocada a la restitución de sus derechos y a la reconstrucción de su vida, además de plantear una serie de medidas con el objetivo de prevenir las violencias sexuales en un futuro. Aunque su efectividad deberá ser evaluada en un futuro pues depende ampliamente de la ejecución concreta de lo dictado en el clausulado, preceptivamente se presenta como una respuesta completa a una problemática muy compleja. La lógica presentada en el Título Preliminar está presente en toda la ley y la influencia del enfoque victimo-céntrico es clara en la forma en que se plantean las medidas. La solidez de estos dos pilares en el posterior desarrollo reglamentario es clave para garantizar el impacto de lo propuesto por la ley orgánica, y por ello cabrá hacer un seguimiento posterior, tanto en lo establecido en la ejecución del texto como en las diferentes instancias de control realizadas en virtud de lo dictado por la ley.

Bibliografía

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Anexo de legislación y jurisprudencia

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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, de 24/11/1995).

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE núm. 137, de 6 de junio de 2014, páginas 42946 a 42976 (31 págs.)).

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE núm. 215, de 07 de septiembre de 2022).


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