EVOLUCIÓN DE LA LEY DEL ABORTO EN ESPAÑA E IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES

 

 

Helena Durbán Balltori (2º GDL)

Objeto del artículo

El debate en torno al aborto ha estado sobre la mesa de nuestro legislativo desde hace prácticamente un siglo. Este, entendido como la interrupción del embarazo por causas provocadas (RAE, s.f.), presenta una discusión de tipo jurídico y constitucional, a la vez que moral y ético. Es por ello por lo que no parece encontrarse acuerdo entre mandatos respecto a una concreta regulación del mismo. Es más, no se ha llegado ni siquiera a un punto común sobre si debiera considerarse este un derecho, o no. El aborto presenta tal controversia que nuestro Tribunal Constitucional se ha resistido durante 13 años a pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la LO 2/2010 interpuesto por el Partido Popular tras su promulgación.

Partiendo de la más sencilla distinción de las opiniones respecto al aborto, se puede distinguir tres maneras de posicionarse que delimitan la regulación legal de este. Por una parte, hay quienes consideran que el aborto es un derecho fundamental o constitucional; en cuyo caso se debería prever su completa despenalización. Es el caso de la sentencia del TS de EEUU Roe v. Wade en que afirmó, en 1973, el carácter fundamental del derecho al aborto. No obstante, el overruling – acto jurídico consistente en revisar o juzgar de nuevo, de forma diferente, un acto que ya precisaba de sentencia – de 2022 produjo un cambio absoluto de la opinión jurisprudencial americana en tanto en que el aborto pasa a denominarse derecho de configuración legal y no constitucional (Brennan Center, 2022). Ello no impide, no obstante, que parte de la doctrina jurídica siga considerando el derecho a la interrupción del embarazo como un derecho fundamental del que debe excluirse cualquier penalización.

Por otra parte, hay quienes consideran que el nasciturus es titular pleno del derecho a la vida en los mismos términos que el “ya nacido”. Para quienes ostentan esta postura, el aborto es de estricta prohibición en todos los casos, por cuanto una interrupción temprana del embarazo supondría la terminación de la vida de un ser con pleno derecho a la misma. Una tercera postura, es una postura intermedia entre la completa despenalización y la absoluta prohibición del aborto. Se considera que la interrupción del embarazo constituye un acto antijurídico, contrario y constitutivo de una violación al derecho a la vida, pero cuya exoneración de responsabilidad penal puede aceptarse en

determinados supuestos. Es decir, mientras que constituye un atentado contra la vida, hay ciertas situaciones que justifican la vulneración y, consecuentemente, excluyen cualquier tipo de responsabilidad.

A tal efecto, se tratará de situar dónde queda legalmente España en materia de terminación del embarazo. Es decir, se procurará analizar cómo responde el Ordenamiento Jurídico ante el choque legal entre el derecho a la maternidad libremente decidida y la protección constitucionalmente relevante del nasciturus, derivada del artículo 15 de la Constitución Española.

Cuerpo

La terminación del embarazo merece especial delicadeza en su análisis y es de

considerable dificultad al tratarse de una cuestión de ponderación de derechos especialmente protegidos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

La problemática parte inicialmente del artículo 15 de nuestra Constitución Española:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. (…)”

De este precepto constitucional se extrae la idea de que nuestro sistema reconoce el derecho a la vida y a la integridad física como dos derechos autónomos e independientes el uno del otro. No obstante, la vida y la integridad física están necesariamente vinculados. El derecho a la vida constituye un eje central en el Ordenamiento puesto que sobre él se asientan el resto de los derechos que, sin vida, carecería de sentido reconocer. No obstante, la Constitución tampoco afirma la supremacía del derecho a la vida, así como de ningún otro derecho. Dicho de otro modo, no es cierto que se pueda afirmar la existencia de una relación jerárquica entre los derechos reconocidos en nuestra Norma Suprema (Cianciardo). Es por ello por lo que la colisión de derechos del artículo 15 en la regulación del derecho de aborto presenta una interpretación de tal problemática.

Es posible afirmar que el derecho a la integridad física de la mujer puede verse vulnerado en un embarazo no deseado. Y es asimismo de posible afirmación decir que la vida del nasciturus se ve comprometida en la práctica abortiva. Ponderar la integridad física por encima de la existencia del nasciturus implica acabar con la vida de este; asimismo, reconocer el derecho a la existencia del nasciturus por encima de la voluntad de la embarazada comporta vulnerar directamente el derecho a la integridad física de la mujer. Es por ello por lo que el Tribunal Constitucional parte del análisis de la titularidad

de derechos para decantarse por la protección de la integridad física de la mujer o la vida del nasciturus. Para ello es de especial importancia la STC 53/1985 (BOE, 1985).

En primer lugar, el máximo garante de la Constitución puntualiza en esta sentencia que la protección constitucional del derecho a la vida no hace referencia a la vida en sentido biológico, sino moral. Es decir, el Ordenamiento Español protege el derecho a la vida digna, afirmando así en su Fundamento Jurídico tercero que se protege “el derecho a la vida reconocido desde su perspectiva de derecho a la vida física y moral”.

Partiendo de la definición del derecho a la vida que merecerá de especial garantía y protección por parte de nuestros tribunales, el Tribunal Constitucional procede a resolver la cuestión cuya respuesta tendrá una directa afectación en la ponderación de derechos entre la mujer y el nasciturus: ¿Cuándo empieza la vida humana? Los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de esta sentencia entablan la respuesta constitucional a la cuestión. Por una parte, el TC afirma que el nasciturus es un bien jurídico de relevancia constitucional por ser el precedente a la vida. Ergo, el nasciturus es la causa que da lugar a la vida. No obstante, el mismo tribunal concluye que el nasciturus no puede considerarse titular de este derecho. Es decir, no queda incluido en el término “todos” utilizado por nuestro constituyente en el artículo 15 de la Constitución; afirmación que no excluye la necesaria protección que debe tener igualmente el nasciturus, pero que sí afecta de forma directa a la ponderación legal entre derechos puesto que posicionará a la mujer como titular pleno del derecho a la vida, y al nasciturus como bien jurídico de especial relevancia constitucional. El fundamento jurídico séptimo prosigue el análisis afirmando que, aún si se le reconociera derecho a la vida, no se podría hablar de una absoluta protección de la vida del nasciturus puesto que no existen derechos absolutos ni jerárquicamente superiores. En caso contrario, no podría ser sujeto a ponderación con otros bienes o intereses constitucionalmente relevantes como puede ser, en este caso, a la integridad física y moral de la mujer.

La sentencia 53/1985 supuso un punto de inflexión en la regulación de la ley del aborto en España que hasta el momento había suscitado tantas dudas y discusiones entre legislativos. Sin embargo, para una mejor aproximación a la presente discusión constitucional sobre este derecho, es conveniente realizar un previo análisis de la ley del aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo en el Estado español. Más concretamente, desde los inicios de su despenalización tras el Código Penal de 1822 hasta la regulación dada en 2022 que constituye la actual ley del aborto en el Estado.

En primer lugar, debemos remitirnos al Código Penal Español de 1822 en su regulación para el aborto en los artículos 639 y 640 (Biblioteca Jurídica Universidad Castilla la Mancha, 2018). A principios del siglo XIX, de lo que se puede extraer de los preceptos normativos, se observa una clara voluntad de sancionar cualquier conducta contra la vida del nasciturus. Así, el artículo 639 penaría el uso de bebidas, golpes o

métodos análogos sin consentimiento de la mujer con una pena de reclusión de 2 a 6 años. En el caso en que se obtuviera el consentimiento de la mujer, el marco penológico de reclusión rondaría los 6 a 10 años si se llegara a producir el aborto, y de 4 a 8 en caso de que este no desplegara efectos. Pero si se tratara de profesionales: médico, cirujano, boticario, comadrón o matrona, el artículo previera una pena de 5 a 9 años de obras públicas si no tuviere efectos el aborto, y de 8 a 14 años en caso de tenerlo, además de una pena de inhabilitación perpetua en ambos casos – con efectos o sin – para ejercer la profesión, a quienes administraran, proporcionaran o facilitaran los medios para la producción del resultado abortivo.

Por otro lado, el artículo 640 del mismo Código de 1822, castigaría a la mujer embarazada que empleara “a sabiendas” alguno de los medios ya expresados en el artículo anterior, con una pena de reclusión de 4 a 8 años en caso de lograr efectivamente el aborto. Y añade el artículo que: “si fuere soltera, viuda no corrompida y de buena fama anterior, y resultare a juicio de los jueces de hecho que el único y principal móvil de la acción fue el de encubrir su fragilidad, se le impondría solamente 1 a 5 años de reclusión” (Biblioteca General de la Universidad de Sevilla). Matización del precepto que lleva a concluir la subjetividad de la aplicación del delito en ciertas ocasiones en 1822.

Por todo esto se debe concluir que, a principios del S.XIX, la vida del nasciturus era considerada de igual o mayor protección que la de la gestante, su derecho a la integridad física y moral, y al libre desarrollo de la personalidad. Derechos que, con el paso del tiempo, pasan a considerarse de igual importancia al derecho a la vida, como se verá más adelante.

Con la llegada de la Segunda República Española, en 1936, el debate sobre la despenalización del aborto cobra voz en el país, modificando por un tiempo la norma en algunas zonas del Estado (Campelo, 2014). En la zona leal a la República, el gobierno socialista de Francisco Largo Caballero junto a la ministra de sanidad Federica Montseny, despenalizan la práctica del aborto inducido en 1937. Anterior a esta invitación a reconocer el derecho al aborto, el 25 de diciembre de 1936, Cataluña regulariza la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas en un Decreto firmado por Josep Tarradellas y publicado el 9 de enero de 1937. A raíz de este mismo decreto, la ministra de sanidad encuentra su oportunidad para invitar a extender al resto de España – a la parte republicana – los beneficios del mismo, afirmando en sus memorias “Mis primeros Cuarenta años” de 1987 que: “debía buscarse solución al drama de miles de mujeres que, cargadas de hijos, recurrían a medios extra medicales o caseros para suprimir embarazos no deseados” (Montseny, 1987). La argumentación de la ministra iría dirigida hacia la protección del derecho a la vida de las mujeres reconociendo que la despenalización del aborto supondría el fin de las maniobras abortivas que terminaban por provocar notorias mutilaciones en las mujeres. (ibid.) En esta línea, las pretensiones del bando republicano eran extender la regulación catalana sobre el derecho al aborto que

se concretaba en lo siguiente: (i) se permitía el aborto terapéutico – por enfermedad física o mental de la madre que pudieran contraindicar el parto –; (ii) por causa genética – por graves enfermedades hereditarias e incesto -; (iii) y por razones éticas – por deseo consciente de limitar voluntariamente la natalidad. Todos estos supuestos requerían de su práctica dentro de las primeras 12 semanas de gestación, a excepción del aborto terapéutico que se justificaba durante todo el período de embarazo. Además, todos los supuestos descritos requerían de una ficha médica, psicológica, genética y social de la mujer que solicitara la interrupción de su embarazo junto a un reconocimiento previo que investigaría: “su capacidad vital y de resistencia a la intervención” (Campelo, 2014). Por otra parte, la práctica abortiva solo podía darse en centros públicos. Es más, el decreto catalán exigía responder criminalmente a quienes realizasen abortos fuera de los centros públicos habilitados para la práctica, llegando incluso a perder la posibilidad de continuar el ejercicio de su actividad profesional en caso contrario. La norma catalana fue pionera en Europa en la regulación de la ley del aborto. Hasta el momento únicamente se había previsto la interrupción voluntaria del embarazo en los Ordenamientos Jurídicos de Suiza (1916), Checoslovaquia (1925) y Rusia (1926). No obstante, el avance en la despenalización del aborto en España es de corta duración. Con la victoria del bando nacional, el Gobierno franquista ilegaliza el aborto en una ley conocida como la “Ley de Represión del Aborto de 1941” volviendo a la penalización anterior de todos los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo.

Como consecuencia de esta penalización de la práctica abortiva, crece el denominado turismo abortivo. Aquellas mujeres que pudieran permitírselo practicaban abortos de forma ilegal en una asistencia sanitaria apropiada en el extranjero. Por otro lado, la práctica de abortos clandestinos de la posguerra creció asimismo en el Estado concretándose en la práctica de comadronas que, aunque a veces cobraban por sus servicios, en su mayoría eran mujeres comprometidas ideológicamente cuyo ejercicio, por lo tanto, iba más allá de una práctica médica y se convertía, de alguna forma, en una reivindicación de lo que ellas consideraban un derecho de la mujer. La práctica más utilizada fue, en un inicio, la quinina – la quinina es un fármaco usado tradicionalmente en la medicina por tener propiedades digestivas y cicatrizantes; usada en exceso puede producir graves consecuencias, incluyendo la muerte. En el caso de una persona embarazada, la muerte del feto. Sin embargo, pronto se optó por el uso de cornezuelo de centeno ya que la quinina requería de unas dosis muy elevadas para provocar efectivamente el aborto. Este último es un hongo parasítico de propiedades oxitócicas (estimulante de contracciones) que provocan abortos. La interrupción voluntaria del embarazo fue una práctica especialmente perseguida durante la posguerra y es por ello por lo que se acabó optando por métodos de tipo químico que no dejaran marca o indicios de haberse llevado a cabo. (ibid.)

Si bien es cierto que ya en la Segunda República parece avanzar la propuesta de Ley del aborto, no es hasta 1985 que España regula de forma común al Estado la práctica. Así pues, y tras la STC 53/1985 que se ha analizado con anterioridad como respuesta al Proyecto de Ley Orgánica 121/000122 de 1982, el 5 de julio de 1985 se aprueba la ley 9/1985 que despenaliza lo que se conoce como el aborto terapéutico, criminológico y eugenésico (BOE, 1985). Se incluye el artículo 417 bisque despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (i) en aquellas situaciones que suponga un grave riesgo para la salud física o mental de la embarazada sin límite, es decir, en cualquier momento de la gestación, la práctica abortiva quedará despenalizada; (ii) en los supuestos de violación en las 12 primeras semanas de gestación; y (iii) en caso de malformaciones o taras físicas o psíquicas del feto en las primeras 22 semanas de gestación.

Es, efectivamente, esta ley, la que sienta precedente en el Estado español para la configuración legal del derecho al aborto. No obstante, y hasta hace unos meses, fue la Ley Orgánica 2/2010 de “Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” promulgada el 3 de marzo y con su entrada en vigor el 5 de julio de 2010 la que reguló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país (BOE, 2010). Su preámbulo afirma que dicha ley tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De este modo pretende regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. Es conveniente continuar con un análisis más exhausto del preámbulo de la Ley que permite entender la motivación del legislador de promulgar, la que es objeto de análisis en este momento. El legislador afirma que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados con la dignidad de la persona humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo que la protección del derecho al aborto constituiría, para este, una garantía de la integridad moral y física y de la intimidad personal y familiar; además de un acto central para la protección del derecho a la autodeterminación individual. Y añade que la decisión de tener hijos y cuándo hacerlo constituye uno de los asuntos más íntimos y personales de la vida de las personas. Además, afirma que el embarazo y la maternidad son hechos que tienen una directa afectación en todos los ámbitos de la vida de la mujer y, por ello, su voluntad no deberá ser excluida. Por otro lado, el preámbulo recuerda que se debe adecuar el marco normativo español al de la comunidad internacional; es por ello, por lo que la presente ley tiene como fundamento la inclusión de la regulación internacional en materia de aborto en el Ordenamiento Jurídico Español.

Finalmente, el legislador recorre brevemente la historia y consecuencias de las distintas formas de despenalización del Estado frente a la interrupción voluntaria del embarazo y concluye que, anteriormente, el legislador despenalizó algunos supuestos de aborto para evitar el aumento del número de prácticas abortivas clandestinas que ponía

claramente en riesgo la vida y salud de las mujeres. No obstante, añade que la aplicación de la ley de 1985 propicia dudas que afectan a la seguridad jurídica. Por tanto, en una sociedad libre, pluralista y abierta, el legislador pretende con la nueva ley desarrollar, dentro del marco constitucional, los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento. En línea con esta conclusión, la ley en cuestión tiene como objeto garantizar la maternidad libremente decidida y la natalidad afirmando que la protección a la vida prenatal, es decir, del nasciturus, gana eficacia con las políticas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad.

Bajo estos matices iniciales, el legislador añade puntualizaciones y cambios que de esta ley se extraen con respecto a la regulación anterior del derecho al aborto y que son:

1) la despenalización del aborto inducido durante las primeras 14 semanas de duración, como aborto libre tras una decisión informada de la mujer sobre la interrupción de su embarazo; 2) el período de interrupción aumenta a las 22 semanas en casos de graves riesgos para la vida o salud mental de la madre o del feto y puntualiza que esta situación podrá apreciarse únicamente en caso de: anomalías en el feto incompatibles con la vida, enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, que deberá ser confirmado por un comité clínico; y 3) la nueva Ley de 2010 añade asimismo que, en caso de riesgo grave para la mujer, a partir de la semana 22, se deberá inducir el parto de forma obligatoria.

Común a los supuestos anteriormente mencionados, cabe destacar una serie de requisitos de obligado cumplimiento siempre: la práctica abortiva deberá llevarse a cabo por un médico especialista o, bajo su dirección y, por otro lado, se admitirá el aborto en centros sanitarios públicos o privados, siempre que estuvieran acreditados para ello. El consentimiento de la mujer, o, en su caso, del representante legal para la interrupción del embarazo deberá darse de forma expresa y escrita. Esta primera ley 2/2010, y antes de su modificación, incluía que, en el caso de las mujeres de 16 y 17 años deberán informar al menos a uno de los representantes legales, padre o madre, persona con patria potestad o tutores su decisión. Por otro lado, se requiere que la mujer haya sido informada previamente sobre los derechos y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que haya transcurrido el plazo de al menos tres días desde la información dada y la realización de la práctica. La regulación del derecho a la interrupción del embarazo, por lo tanto, supone una despenalización mayor y más amplia que suscitó, y aún hoy sigue suscitando, dudas y críticas. La controversia, no obstante, no es novedad. Ya en su proceso de aprobación, la reforma fue apoyada por el Partido Socialista y avalada por el Consejo de Estado en 2010 y recibió fuertes críticas por parte del Partido Popular. Finalmente, el proyecto se aprobó por 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. El apoyo a la ley del PSOE fue dado por el Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero junto a la ministra de Igualdad: Bibiana Aido, el Partido Nacional Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Bloque Nacionalista

Galego, Nafarroa Bai (NaBai), y dos diputados de Convergència i Unió (CiU). El Partido Popular se opuso en bloque junto a algunos miembros de la Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Unión Progreso y Democracia y siete diputados del CiU).

Aprobada la ley, la controversia continuaría. Los populares dirigidos por D. Mariano Rajoy Brey presentan en 2010 un recurso contra varios preceptos de la ley ante el Tribunal Constitucional. Pese a ello, hace menos de una semana resolvió el Tribunal rechazando el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Enrique Arnaldo en el que se defendía declarar la inconstitucionalidad de la ley (Brunet, 2023), quedando de este modo la ley declarada como constitucional de facto. Solo resta pendiente la aprobación de un nuevo proyecto de sentencia elaborado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán para que quede la LO 2/2010 declarada constitucional de iure. (ibid.) Por otro lado, el Partido Popular incluyó en su programa electoral la modificación de la ley del aborto, afirmando su Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón en 2012 en una comparecencia parlamentaria que era su intención volver al modelo de ley de 1985 en que era necesario alegar motivos para justificar la decisión de la práctica abortiva. No obstante, esta afirmación y la “Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer Embarazada” que modifican la reforma legal en el paso del método de los plazos, al de los supuestos, y añaden la necesidad de un informe médico para interrumpir el embarazo, suscitan protestas, conocidas como: El Tren de la Libertad, contra la reforma. Ante estas protestas, el gobierno de Mariano Rajoy retira el proyecto de ley; cosa que acaba derivando en la dimisión de Gallardón el 23 se septiembre de 2014 (Noticias jurídicas, 2014). Finalmente, en 2015 el PP aprueba que las menores de 16 y 17 años necesiten permiso de sus progenitores o tutores legales para abortar.

Esta ley de 2010, junto a su modificación en 2015, constituyeron la ley de regulación del derecho al aborto en España hasta el 2022.

El Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero hizo una propuesta de renovación de la Ley de salud sexual y reproductiva a principios del 2022, que se aprobó en el Congreso el pasado 15 de diciembre del mismo año con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones. (Carvajal, 2022). En primer lugar, la renovación prevé que las mujeres de entre 16 y 17 años puedan acceder libremente y sin permiso de sus progenitores o tutores legales al aborto. Por lo que se vuelve, en este aspecto, a la regulación de Zapatero en 2010. Además, incluye la supresión de los tres días de reflexión obligatorios desde que se le otorga la información a la embarazada; no respetar los llamados 3 días de reflexión, no constituye ya delito en el Código Penal. Por otro lado, la reforma de la ministra de Igualdad incluye el derecho a baja tras la interrupción voluntaria del embarazo y la provisión de asistencia y acompañamiento especializado en los casos de aborto. Los centros de salud distribuirán de forma gratuita la conocida como “píldora del día después”, cambio que elimina, por tanto, la necesidad de pagar 20€ por ella en las farmacias. En relación con los centros de sanidad pública, atendiendo al derecho a la

objeción de conciencia que nuestro Ordenamiento prevé y por el que un especialista médico puede negarse a practicar una interrupción de embarazo, la nueva ley afirma que se deberá garantizar la presencia de algunos especialistas dispuestos a realizar la práctica abortiva para garantizar que haya siempre alguien disponible para ello en un centro público.

La reforma suscitó debate en el Congreso, manteniendo posturas distintas entre los diferentes grupos parlamentarios. Por un lado, Vox se posicionó en contra de la reforma, manteniéndose firme en su concepción del aborto como un “atentado contra la vida.” El Partido Popular, en su caso, se mantuvo firme en su oposición a la retirada de los tres días de reflexión y la libre decisión de las mujeres de 16 y 17 años. En el bloque de la izquierda, ha habido una defensa de la reforma unánime. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha posicionado también sobre la reforma. En este caso, ha considerado que, mientras que la reforma forma parte de la obligación que tienen los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a la salud sexual, y objeta y discrepa con el Congreso ante ciertas reformas. Considera que los tres días de reflexión y la información relativa a la maternidad ayudan a “la adopción de una decisión consciente y meditada.”, por lo que no considera apropiado eliminarlos. En cuanto a la reducción de edad a los 16 y 17 años de edad para decidir autónomamente, considera que no contradice la doctrina internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que el Ordenamiento ya reconoce un mayor grado de autonomía a algunos mayores de 16 años con madurez suficiente en la vida jurídica, con independencia de sus representantes legales; a pesar de que ello podría producir conflictos en el entorno familiar. Propone que estos se pudieran resolver a través de un procedimiento legal que incluyera ya la propia norma. (El País, 2022)

De este modo, la ley del aborto en España queda concretada con lo ya regulado en 2010, avalado por el Tribunal Constitucional en 2023 e incluyendo las modificaciones de 2015 del Partido Popular, así como las modificaciones de algunos preceptos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva incluidos por el ministerio de Irene Montero, Podemos, en 2022.

Conclusiones

Analizada la evolución histórica y situación legal actual del derecho a la interrupción del embarazo concluimos que, en España, puede concebirse desde una perspectiva intermedia entre su absoluta penalización y su completa despenalización, aunque, cada vez más, tiende a laxarse la regulación, y el castigo de las prácticas abortivas va disminuyendo paulatinamente.

El derecho a la interrupción del embarazo constituye un derecho de configuración legal, tal y como puede extraerse del artículo 3.2 de la misma al afirmar que serán garantizados estos derechos por la Constitución y las Leyes. Desde la aprobación de la LO 2/2010, España parece situarse cerca de la postura de EEUU tras el “overruling.” Hablamos de un choque de derechos: la maternidad libremente decidida y el bien jurídico constitucionalmente relevante derivado del artículo 15 de nuestra Constitución Española, relativo a la existencia del nasciturus.

La ponderación de derechos en el caso de nuestro Ordenamiento Jurídico parece decantarse, dentro de unos plazos, por el derecho a la integridad física y moral de la mujer, luego, por el derecho a la maternidad libremente decidida, en tanto que núcleo del derecho de autodeterminación de la misma; aunque protege la existencia del nasciturus, y es por ello por lo que prevé unas condiciones, tiempos y situaciones que deben darse para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, la discusión de tipo ético y moral de la cuestión implica que esta regulación podría verse modificada con cierta facilidad con un cambio del legislativo, o de la doctrina internacional en la que el Estado se refleja. Y es por ello por lo que, como demuestra la historia, es difícil llegar a concluir si el aborto constituirá un derecho fundamental, se mantendrá en uno de configuración legal o, por el contrario, dejará de concebirse como un derecho.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que el nasciturus no es titular del derecho a la vida; de ahí, que haya hablado de despenalización de la práctica abortiva. No obstante, no ha garantizado nunca la existencia de un derecho al aborto. Es por ello por lo que cabe dudar sobre la validez del artículo 3.2 de la LO 2/2010 que concibe la interrupción del embarazo como un derecho en sí mismo, y deberá atenderse a futuros razonamientos por parte de este Tribunal en la tan esperada sentencia que recaerá a inicios del presente año.

Bibliografía

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Campelo, P. (15 de febrero de 2014). La Segunda República despenalizó el aborto con la ley más avanzada de Europa. Público.

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Anexo de legislación y jurisprudencia

Sentencia de 22 de enero de 1973, Roe vs. Wade, Tribunal Supremo de EEUU. Constitución Española (BOE núm. 311, de 20 de diciembre de 1978).

Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril de 1985.

Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal (BOE núm. 166, de 12 de julio de 1985, páginas 22041 a 22042).

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010).

Proyecto Ley Orgánica 121/000122, de 12 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo.


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