EL ORDEN PÚBLICO Y LA ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES

LA RECIENTE DOCTRINA CONSTITUCIONAL

 

 

David Rodríguez Alcaraz (3º GBD)

Las cosas adquieren importancia contra un fondo de inteligibilidad. Llamaremos a esto horizonte. Se deduce que una de las cosas que no podemos hacer, si tenemos que definirnos significativamente, es suprimir o negar los horizontes contra los que las cosas adquieren significado para nosotros.

Charles Taylor (Horizontes Ineludibles)

Introducción

Una de las cuestiones más relevantes a la hora de concebir al arbitraje como un modo de resolución de conflictos eficaz es, precisamente, la validez jurídica del laudo. En el ordenamiento jurídico español esta validez viene principalmente amparada por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA), estableciéndose no obstante a su vez una serie de motivos de anulación del laudo que configuran los límites de la resolución arbitral. Entre estos límites destaca por su indeterminación, en su art. 41.1.f), la contradicción del laudo con el orden público. Desde 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ido configurando un concepto de orden público amplio, permitiendo la anulación de laudos por motivos de fondo. Ello ha provocado reacciones adversas en la comunidad arbitral española, pues una interpretación excesivamente amplia corre el riesgo de disminuir el atractivo del arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos. En este sentido, desde 2020 nuestro Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado, con ocasión de resolver recursos de amparo planteados contra las citadas resoluciones del TSJM y al amparo del art. 24 CE, sobre los límites de las revisiones de los laudos por parte de la jurisdicción ordinaria.

El presente artículo pretende realizar un sucinto examen del diálogo que se establece entre las distintas resoluciones que se han ido dictando por parte de ambos órganos, tratando de dilucidar el contenido actual del orden público como límite en materia arbitral. Para ello, se realizará una breve introducción al concepto de orden público y, seguidamente, se precisarán varios aspectos sobre su aplicación en el ámbito arbitral. Más tarde, se expondrá la doctrina adoptada por el TSJM a través de sus resoluciones más relevantes desde 2017 en materia de anulación de laudos arbitrales en

base a la vulneración del orden público. Tras ello, se analizará brevemente la doctrina establecida por nuestro TC y, finalmente, se expondrá la opinión del autor sobre la interpretación restrictiva del concepto adoptada por el TC.

El orden público como concepto jurídico indeterminado

Antes de proceder a un examen del orden público en materia arbitral, se expondrán brevemente algunas consideraciones generales sobre este concepto. Nuestro examen, dado el objeto del trabajo, se limitará al Derecho Privado.

El orden público aparece mencionado dos veces en la Constitución Española de 1978 (CE): como límite del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16.1 CE) y como límite al derecho de reunión (art. 21.2 CE), pero su uso es generalizado en la normativa que desarrolla los derechos constitucionales 1.

El origen histórico de este término como excepción aplicada al derecho privado se remonta hasta el art. 6 del Code Civil de 1804, introduciéndose en el ordenamiento jurídico español en el Proyecto de Código Civil de 1821 2. Tanto en la Constitución Española como en el Código Civil de 1889 (CC) el orden público tiene un carácter preeminentemente limitador de derechos y facultades, actuando como cláusula de cierre

3. No implica ello, sin embargo, que su función deba ser únicamente limitadora: en un Estado de Derecho como el español, el orden público debe servir como instrumento para el ejercicio de los derechos fundamentales, reforzarlos y protegerlos 4.

El contenido del orden público viene definido por las circunstancias sociohistóricas del ordenamiento jurídico en cuestión y debe ser interpretado atendiendo a la totalidad del ordenamiento 5. En este sentido, la Constitución Española de 1978 establece un nuevo marco fundamental sobre el que debe basarse el orden público,

1 LO 7/85, de 1 de julio; LO 7/80, de 5 de julio; entre otras. Para un mayor desarrollo, véase Montalvo Abiol, Juan Carlos. Concepto de Orden Público en las Democracias Contemporáneas. Universidad Autónoma de Madrid. Pág. 204.

2 Art. 170 de la Constitución de Cádiz de 1812. A su vez, el concepto de orden público encuentra su precedente en el Derecho Romano bajo la figura del ius publicum, con la posterior evolución de la que fue objeto en el Derecho Común. Para un estudio más detenido, véase Acedo Penco, Ángel. El Orden Público Actual como Límite a la Autonomía de la Voluntad en la Doctrina y la Jurisprudencia. A su vez, véase Corriente Córdoba, José A. La excepción de orden público en el derecho internacional privado español. Universidad de Navarra. Pág. 131. Que acabará por recogerse en el párrafo tercero del art. 11 del Código Civil de 1889.

3 La expresión aparece en los siguientes artículos: 1.3 (límite de la costumbre como fuente del derecho),

6.2 (límite a la renuncia de los derechos), 12.3 y la excepción del 16.1.2ª (límites a la aplicación de ley extranjera), 21.2 (denegación de la concesión de la nacionalidad española), 594 (límite a la constitución de servidumbres voluntarias) y 1255 (límite a la autonomía de la voluntad).

4 Montalvo Abiol, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 209.

5 STS de 19 de octubre de 1991, FJ 2.

protección que debe encauzarse en la jurisdicción ordinaria a través del art. 24 CE 6. Por todo ello, a pesar de que a priori la indeterminación sobre su contenido exacto puede ir en detrimento de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), todo intento de positivizar de forma exhaustiva el contenido de esta cláusula sin el uso de términos jurídicos indeterminados que den cabida al dinamismo histórico inherente al término no parece tener visos de prosperar.

Además, es procedente distinguir entre el orden público interno e internacional. En este sentido, la STS 835/2013 de 6 de febrero de 2014 señala que “el orden público internacional español se caracteriza por ser un orden público «atenuado». Pero la intensidad de tal atenuación es menor cuanto mayores son los vínculos sustanciales de la situación jurídica con España.”. A su vez, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han venido reconociendo la distinción entre orden público material y procesal. En lo que concierne a ambas facetas, la STC 46/2020, de 15 de junio, afirma claramente que “Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal”.

La definición que expone nuestro Tribunal Constitucional nos permite comprender la amplitud (pues comprende un amplio espectro de cuestiones, entre ellas las económicas 7) y polivalencia de la noción de orden público, que deberá ir definiéndose según la materia de forma casuística por los tribunales 8.

En realidad, el orden público es un “principio de principios9, elemento que determina qué principios deben tenerse por esenciales en un determinado ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si un hecho es contrario al orden público lo es por ser incompatible con un principio o derecho esencial para el ordenamiento y no con una norma imperativa, pues solo en la medida en que la norma encarne uno de estos principios o derechos su contravención implicará la del orden público. Esta concepción nos permite comprender que, al examinar si ha existido una vulneración del orden público, lo que en última instancia se realiza es ponderar principios, primando unos sobre otros, lo que es coherente con la necesidad del estudio casuístico antes señalado.

6 SSTC 43/1986 y 54/1989, FJ 4.

7 Lo cual viene reconocido por múltiples pronunciamientos del TS, como la STS 451/1979 y la conocida STS 1916/2013, FJ 17.

8 STS 835/2013 de 6 de febrero de 2014, FJ 2.

9 Acedo Penco, Ángel. Op. Cit. Pág. 343.

El orden público en la LA y la normativa aplicable

El arbitraje encuentra su fundamento constitucional en el art. 1.1 CE (la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico) 10 y en el art. 10 CE (dignidad y libre desarrollo de la personalidad) 11, no en el art. 24 CE. Es la propia voluntad de las partes de optar por un método heterocompositivo de solución de conflictos que poco tiene que ver con el judicial aquello que fundamenta la institución arbitral: no considera, pues, la jurisdicción ordinaria como referente metodológico 12. Ello no obsta a que, en todo caso, requerirá de la participación judicial en la ejecución y posterior control del laudo, como dispone la LA.

La LA fue promulgada en 2003, derogando la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. Fue esta última Ley la que introdujo, en su art. 45.5, la vulneración del orden público como un motivo de anulación del laudo, señalando en su exposición de motivos que este concepto “habrá de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constitución”. Actualmente, la LA ha optado por una regulación mucho más favorable a la uniformidad internacional (por basarse en la Ley Modelo) y a la arbitrabilidad, siendo ejemplo de ello el actual art. 2 LA 13. El Título VII de la LA establece el procedimiento de anulación y revisión de laudos, señalando en el art. 41.1.f) que la vulneración del orden público constituye uno de los motivos que pueden fundamentar su anulación.

La importancia práctica de este motivo de anulación queda patente a la luz de la Figura 1, que recoge el número de ocasiones en que los distintos motivos han sido aducidos en las demandas de anulación a nivel nacional presentadas en 2018, 2019 y 2020

14. Los porcentajes de estimación fueron del 21%, 44.9% y 30%, respectivamente. Como puede observarse y aunque muchos de los motivos suelen aducirse de forma simultánea, la vulneración del orden público constituye recurrentemente el motivo con un mayor número de invocaciones. Cabe señalar que, como comenta el citado informe, la anormalmente alta tasa de estimaciones de este tipo de demandas en 2019 se debe a una

10 Lorca Navarrete, Antonio M. Acerca de la Justificación del Arbitraje. Universidad del País Vasco. Pág. 91-95.

11 Voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos en la STC 1/2018, de 11 de enero de 2018: “en nuestra Constitución el arbitraje no tiene su asiento en el artículo 24, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, sino en el artículo 10 CE que proclama la dignidad y la autonomía de la persona”. A su vez, en la STC 9/2005, de 17 de enero.

12 Lorca Navarrete, Antonio M. Op. Cit. Pág. 111. Este aspecto está íntimamente relacionado con la idea de “equivalencia jurisdiccional” que ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional y que, por ello, se analizará más adelante.

13 En la LA se opta por una definición positiva y general sobre qué materias pueden ser objeto de arbitraje (“Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”). En cambio, en la Ley de Arbitraje de 1988, en su art. 2, se realizaba una enumeración negativa.

14 Fieldfisher. Observatorio de arbitraje en España: Año 2019 y 2020 Segunda Edición y Observatorio de arbitraje en España: Año 2018 Primera Edición.

interpretación erróneamente extensiva por parte de los tribunales de lo que constituye el orden público, interpretación que ha dado lugar a las sentencias del tribunal constitucional (STC) que aquí se expondrán. A su vez, en la figura 2 puede observarse la evolución de los motivos aducidos en 2021 y 2022, con porcentajes de estimación en base al motivo de orden público significativamente menores: 19.80% y 14.47% respectivamente 15.

Figura 1: Motivos aducidos (número de veces) en las demandas de anulación planteadas contra laudos arbitrales en los años 2018, 2019 y 2020.

Figura 2: Motivos aducidos (número de veces) en las demandas de anulación planteadas contra laudos arbitrales en los años 2021 y 2022.

Este límite no se reconoce solamente en la LA española, sino que aparece en la ley modelo de la CNUDMI 16 (Ley Modelo) sobre Arbitraje Comercial Internacional (arts. 34.2.b).ii) y 36.1.b).ii), en impugnación y ejecución del laudo respectivamente, por lo que se trata de un motivo internacionalmente reconocido presente en multitud de legislaciones

15 Los datos para ambos años, junto a los porcentajes, han sido calculados en base a la información ofrecida por el Observatorio de Jurisdicción de la Corte de Arbitraje de Madrid.

16 La LA española, en su exposición de motivos, afirma que “Así, su principal criterio inspirador (el de la LA) es el de basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985”.

nacionales) y el art. V.2.b) de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (CNY), entre otros 17.

En lo que concierne a la Ley Modelo, esta causa de anulación se ha venido aplicando en los casos en que el laudo era contrario a un principio fundamental de la moralidad, justicia o ley, a los principios más básicos de justicia relacionados con la corrupción o ignorancia del tribunal arbitral o, finalmente, que el laudo contraviniera uno de los principios fundamentales de la vida público-económica 18. En la CNY este límite se entiende aplicable cuando estamos ante “una desviación de los valores fundamentales de un ordenamiento jurídico19. En este sentido, las normas imperativas del Estado en el que se pretende la ejecución de un laudo arbitral formarían parte del orden público en la medida que se constituyan como materialización de estos valores fundamentales, de los principios de justicia y moralidad sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico en cuestión 20.

En ambos casos, puede parecer que hemos sustituido un concepto jurídico indeterminado por otros, pero lo cierto es que la propia naturaleza del orden público requiere de una interpretación casuística. Ello no significa, en ningún caso, que no puedan establecerse principios hermenéuticos atendiendo a la naturaleza tanto del concepto de orden público (de interpretación restrictiva) como del arbitraje (que busca celeridad y se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes). A su vez, se pueden seguir una serie de criterios cuya aplicación al caso concreto nos permita dirimir si el hecho en cuestión forma o no parte del orden público, esto es, se trata de un término lógicamente decidible.

El concepto general de orden público requiere de una apreciación que tenga en cuenta el contexto en el que se invoca. Es decir, el concepto de orden público en materia arbitral debe entenderse desde el principio de la autonomía de la voluntad sobre el que se sustenta esta institución. En este sentido, el orden público actúa como límite a esta autonomía. Sin embargo, precisamente por las características de la institución del arbitraje (que dota al laudo de firmeza y fuerza de cosa juzgada, art. 43 LA), existe el

17 Actualmente, 86 Estados han legislado basándose en la citada ley modelo. A su vez, otro ejemplo de la importancia de la excepción de orden público es su presencia en el art. 1 de la antigua Convención de Ginebra para la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1927.

18 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, pág. 160.

19 Secretaría de la CNUDMI. Guía relativa a la Convención sobre las Sentencias Arbitrales Extranjeras. CNUDMI. Pág. 262.

20 Ibid. Pág. 270.

riesgo de que una mala praxis judicial termine por convertir el procedimiento de anulación en una especie de segunda instancia, desnaturalizándolo 21.

Procede, por tanto, comprender el concepto de orden público en el sentido del art. 41.1.f), teniendo en mente lo expuesto para las citadas disposiciones internacionales. De la lectura de los motivos de anulación reconocidos en el art. 41.1 LA se deduce que permiten principalmente una revisión formal del laudo 22, pero cabe preguntarse qué relación existe entre el motivo de vulneración del orden público y los demás recogidos en el artículo.

Podría pensarse que la noción de orden público anteriormente expuesta engloba, por ejemplo, aquellas materias que se consideran no arbitrables. Si partimos de esta consideración, carecería de sentido el reconocer un apartado expreso a las materias no arbitrables (art. 41.1.e) LA), con efectos distintos (art. 41.3 LA permite anular parcialmente los laudos que incurran en la causa del art. 41.1.e) pero no en la del art. 41.1.f)) 23.

Este reconocimiento de apartados expresamente diferentes tiene su origen en la Ley Modelo (arts. 34.2.b).i) y 34.2.b).ii)), distinción que se encuentra a su vez en la CNY 24 (arts. V.2.a) y V.2.b)). Entiende Gary Born que la distinción efectuada en la CNY se justifica fruto de la existencia de materias pertenecientes al orden público que, en efecto, son arbitrables 25. A su vez, la no arbitrabilidad, que no tiene por qué fundamentarse en razones de orden público, implica que el procedimiento arbitral en su conjunto no puede

21 De este modo y en lo relativo a la ley Modelo, en UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, pág. 134 se establece que “Courts in numerous jurisdictions have made clear that setting aside proceedings are not appeal proceedings in which evidence is re- evaluated and the correctness of the arbitral tribunal’s decision on the merits is examined”.

22 En la exposición de motivos de la LA se establece que “Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros.”. De hecho, como se expondrá más tarde, solamente permiten una revisión formal.

23 Ello, sin embargo, no impide que en la práctica los tribunales estimen demandas de anulación parcial por infracción del art. 41.1.f) LA. Ejemplo de ello son las siguientes resoluciones (la primera, aunque anulada por las SSTC que más tarde se expondrán, no parece extralimitarse en lo que concierne al carácter parcial de la nulidad): STSJM 66/2021 de 22 de octubre y los fundamentos de hecho de la STC 65/2021 de 15 de marzo.

24 Aunque la CNY se refiera a la ejecución de los laudos mientras que la Ley Modelo tiene la misma cláusula para la anulación de estos, por coherencia deberían interpretarse de una forma similar, siendo esta la postura de la mayoría de los tribunales. En lo que se refiere a la LA, a priori la única diferencia sería el refuerzo del orden público cuando estemos ante arbitrajes nacionales, en coherencia con el orden público interno.

25 Born, Gary (2022). International Commercial Arbitration (Third Edition). Capítulo 6, Pág. 4.

tener como objeto una determinada materia, mientras que la vulneración del orden público se aprecia por las consecuencias del laudo 26.

En el caso concreto de la LA, su art. 2.1 afirma que “Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”, por lo que pueden establecerse por configuración legislativa materias que no sean de libre disposición, más allá de las exigencias del orden público. Algo similar ocurre con los otros motivos de anulación, constituyendo vulneración del orden público aquellos supuestos más graves.

Interpretación del orden público del art. 41.1.f) LA a la luz de las resoluciones del TSJM

Las sentencias del TSJM que se expondrán versan sobre el proceso de anulación de laudos arbitrales reconocido en el Título VII LA, centrándose en el art. 41.1.f) LA.

En la STSJ de Madrid nº 33/2017, de 4 de mayo, la parte demandante impugna un laudo por entender que el convenio arbitral, que se encontraba en una cláusula de un contrato de alquiler, resultaba abusivo según la legislación operativa en materia de consumidores y usuarios, invocando el art. 41.1.a) LA (“Que el convenio arbitral no existe o no es válido”) como único motivo de anulación.

Sin embargo el Tribunal, mediante auto del 31 de enero de 2017 y al amparo del art. 41.2 LA consideró de oficio que, a la luz del contrato de arrendamiento y por las relaciones existentes entre el asesor de una de las partes y la asociación que administró el arbitraje, tenía el deber (derivado del art. 14 CE, por aplicación de doctrina sentada por la sala) de examinar la posible vulneración del orden público por falta de imparcialidad objetiva (art. 41.1.f)), dándose traslado a las partes para que se pronunciaran sobre esta posible vulneración.

La parte demandada interpuso recurso de reposición contra el auto (por entender que vulneraba el art. 282 LEC) y el 13 de febrero de 2017 se presentó al Tribunal un escrito conjunto solicitando que se terminara el procedimiento por haber logrado las partes la satisfacción extrajudicial mediante acuerdo, solicitando a su vez la homologación de este.

Sin embargo, el recurso fue desestimado mediante auto de 22 de marzo de 2017 y también se desestimó la homologación del acuerdo y el archivo del proceso, mediante

26 Madden KC, Penny, y otros (2021). Arbitrability and Public Policy Challenges. Global Arbitration Review.

auto de 4 de abril de 2017, por sostener el Tribunal que estimarlo sería contrario al interés general al tratarse de una posible infracción del orden público (art. 19 LEC) 27.

Prosigue el Tribunal, en su sentencia, citando la STC 174/1995 para exponer que el TC considera el arbitraje como un “equivalente jurisdiccional” y que, por lo tanto, “ciertos principios y garantías constitucionales del ejercicio de la función jurisdiccional han de ser respetados en el convenio y en el proceso arbitral, y, entre ellos, señaladamente, el principio de igualdad en la conformación y sustanciación del arbitraje” (FJ 2). Es decir, entiende el TSJM que el respeto por los citados principios no emanan únicamente de la ley (citando los arts. 1256 y ss. CC y arts. 15.2, 24.1 y 17.1 LA, que considera aplicable a las instituciones arbitrales), sino que “no sería admisible una dispensa del monopolio constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional que no respetara exigencias indeclinables, según la propia Constitución, del desempeño lícito de la función jurisdiccional por el Poder Judicial” (FJ 5), siendo inadmisible toda renuncia a ello por las partes (FJ 7). La resolución termina, tras un extenso análisis en el que argumenta la falta de imparcialidad de la institución arbitral, anulando el laudo por vulnerar el orden público y basarse en un convenio arbitral nulo.

Más tarde, en la STSJ de Madrid nº 1/2018, de 8 de enero de 2018, el Tribunal estima una demanda de anulación de un laudo que declaraba, mediante arbitraje de equidad, la disolución y liquidación de una Sociedad Limitada sin causa legal o estatutaria predeterminada, considerando el Tribunal que se había vulnerado el orden público económico.

La STSJM, tras exponer la doctrina jurisprudencial en lo que concierne al art.

41.1.f) LA, concluye que “no puede entrar a analizar si las conclusiones arbitrales son o no acertadas, solo si se ha vulnerado el artículo 24 de la CE , o sí -en base a la jurisprudencia del TJUE y Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo – se han vulnerado normas imperativas y o principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección que forman parte del concepto jurídico indeterminado «orden público económico»” (FJ 2).

Entiende que la motivación en un arbitraje de equidad, aunque deba ser menor que en los arbitrajes de Derecho, debe respetar unos mínimos exigibles inherentes a la prestación de tutela judicial 28. Tras desestimar dos de los motivos aducidos en la demanda de anulación, el Tribunal termina estimando que el laudo ha vulnerado el art. 24.1 CE y

27 En este sentido, el citado autor señala en su FJ 2 que “la Sala entiende que no es aceptable una transacción que pretende poner fin a un proceso de anulación de laudo en el que es objeto de enjuiciamiento, tras las correspondientes alegaciones y pruebas, un motivo de anulación, la lesión del orden público, que, por razones de interés general, es apreciable de oficio por este Tribunal, y cuyo análisis, en tales circunstancias, no puede quedar a lo que resulte del poder de disposición”.

28 Nótese que, de nuevo, se concibe al arbitraje como un equivalente jurisdiccional, por lo que el Tribunal parece partir de presupuestos similares a los de la STSJM nº 33/2017, de 4 de mayo.

art. 9.3 CE al contener una motivación y valoración de la prueba arbitrarias. Aplica a los laudos las exigencias de motivación que derivan del art. 24.1 CE para las resoluciones judiciales, aunque se trate de un arbitraje de equidad (reconociendo que la motivación puede no ser exhaustiva), y (“tras una minuciosa revisión por este Tribunal de la motivación del Laudo”) entiende que el árbitro no valora todas las pruebas, no resuelve todas las cuestiones planteadas y basa su conclusión en una motivación insuficiente.

En la STSJM asunto 13/2019, de 1 de octubre, el Tribunal estima la demanda de anulación parcial del laudo arbitral por entender que era arbitrario y, por lo tanto, vulneraba el orden público (art. 41.1.f)). El laudo fue el resultado de un arbitraje de equidad en materia de incumplimientos en un contrato financiero (SWAP). La parte que inició el procedimiento arbitral solicitaba que se le concediera una indemnización fruto del incumplimiento de las obligaciones de información en la fase precontractual por parte de la entidad bancaria, resultando el laudo en la estimación del mencionado incumplimiento, pero desestimando la petición indemnizatoria. La ausencia de indemnización viene extensamente motivada en el laudo por entender que la demandante había incurrido en deslealtad al haber reclamado 6 años tras la consumación del negocio jurídico habiendo, por lo tanto, generado unas expectativas legítimas en la parte demandada. El TSJM entendió que el laudo resultaba internamente incoherente, en tanto que reconocía el incumplimiento pero no otorgaba indemnización alguna y, dada esta incoherencia, resulta arbitrario y contrario al art. 9.3 CE.

Finalmente, la STSJM nº 37/2019 de 4 de octubre y la STSJM nº 43/2019 de 8 de noviembre, estiman sendas demandas de anulación de laudo por entender que la valoración de la existencia de prejudicialidad penal en ambos laudos era incorrecta. Según estas últimas resoluciones, la no suspensión del procedimiento por causa de prejudicialidad penal habría incumplido el art. 40 LEC y “al contravenir dicha norma imperativa, el Laudo dictado es contrario al orden público29.

El TSJM entiende el arbitraje como un “equivalente jurisdiccional” que, por lo tanto, debe seguir una serie de principios constitucionalmente establecidos para el Poder Judicial, al cual asume como referente. En coherencia con ello, señala que tanto el arbitraje de derecho como el de equidad deben respetar unos mínimos de fondo en la motivación de la resolución. En segundo lugar, entiende que la relación del art. 41.2 LA (que le otorga la posibilidad al tribunal de apreciar de oficio, entre otros, la posible vulneración del orden público por parte del laudo impugnado) con el art. 41.1.f) LA se traduce en un deber por parte del órgano judicial de apreciar de oficio la posible vulneración del orden público en pos del interés general, perdiendo el objeto, en lo que

29 STSJM nº 43/2019 de 8 de noviembre. FJ 4. La propia sentencia realiza un análisis previo en el que estima que la prejudicialidad penal es consustancial a la seguridad jurídica, en tanto que permite evitar sentencias contradictorias y, por ello, forma parte del orden público.

concierne al examen de este motivo, su disponibilidad para las partes. En tercer lugar, el Tribunal incide en que el orden público comprende tanto cuestiones de fondo como de forma, siendo ambas posibles causas de anulación de un laudo 30. En conclusión, el TSJM entiende por orden público en el sentido del citado artículo “los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la Constitución31.

La reciente doctrina constitucional: la interpretación restrictiva del orden público del art. 41.1.f) LA

En este apartado se expondrán las resoluciones del TC dictadas contra las ya expuestas SSTSJM. Para ello, se irá referenciando cada una de las resoluciones y señalando los razonamientos más relevantes para, finalmente, indicar qué interpretación se deduce del conjunto de resoluciones. Antes de proceder con el examen, cabe comentar que las sentencias del TC aquí expuestas han sido dictadas a raíz de recursos de amparo interpuestos contra las respectivas SSTSJM, alegando la vulneración del art. 24.1 CE como derecho a una resolución motivada no incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, junto a otros artículos relacionados.

La STC 46/2020, de 15 de junio, estimó el recurso interpuesto contra la STSJ de Madrid nº 33/2017, de 4 de mayo. Entiende el TC que “es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación” (FJ 4) y que, mediante aplicación de los arts. 19 y 22 LEC, las partes pueden disponer del proceso de anulación del laudo al no existir norma que lo prohíba. No se dispone del objeto del procedimiento de anulación (pues, al tratarse de cuestiones de orden público, el interés general lo impide), sino que se comunica la ausencia de interés sobrevenido en la continuación del litigio (cuyo fondo es privado, como es la resolución de un contrato de arrendamiento, y disponible), interés que se constituye como uno de los presupuestos de la estimación de la demanda de anulación. En este sentido, recrimina el TC el examen de fondo realizado por la resolución impugnada, amparado por un incorrecto “ensanchamiento del concepto de orden público”. A su vez, el Tribunal recuerda, siguiendo la ya citada STC 1/2018 de 11 de enero, que la sumisión a arbitraje implica la renuncia a la aplicabilidad del art. 24 CE, basándose en la autonomía de la voluntad de las partes.

30 Hasta el punto en el que llega a entender la contravención de una norma imperativa como justificación suficiente para considerar que se ha vulnerado el orden público.

31 STSJM nº 43/2019, de 8 de noviembre. FJ 4.

Sobre los motivos de anulación del laudo, entiende tanto que no cabe control sobre las cuestiones de fondo, pues ello implicaría la desnaturalización del procedimiento arbitral, como que la anulación debe tener carácter excepcional. Además de la distinción señalada al principio de este trabajo entre orden público material y procesal, el Tribunal aporta otra definición 32 y termina señalando que la solución adoptada por el TSJM “podría ser admisible de basarse la petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público, pero no es el caso”. Este criterio ha sido reiterado en la STC 55/2021, de 15 de marzo, en la que el TC cita directamente la STC 46/2020 para estimar un recurso de amparo interpuesto por motivos análogos 33.

La siguiente resolución es la STC 17/2021, de 15 de febrero, en la que el TC resuelve recurso de amparo planteado contra la STSJ de Madrid nº 1/2018, de 8 de enero de 2018. Nuestro Tribunal Constitucional empieza reiterando lo expuesto en la STC 46/2020, vinculando la naturaleza del arbitraje y su fundamentación en la autonomía de la voluntad con el art. 10 CE, el control limitado que permite el procedimiento de anulación y la imposibilidad de revisar el fondo de la cuestión, pues es materia reservada al árbitro. Insiste en que “la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje” y “La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior.34 (FJ 2). Por lo tanto, el art. 41.1.f) solamente resultará aplicable, en lo que concierne a la motivación del laudo, cuando esta resulte ilógica, absurda, irracional o arbitraria, debiendo el órgano judicial examinar solamente dos cuestiones: la validez del esquema inferencial seguido en la motivación (esto es, un análisis meramente formal de la argumentación) y, junto a ello, si las premisas de las que se parte son manifiestamente irrazonables. Es decir, se permite un examen formal, pero se limita el examen metalógico

32 STC 46/2020, FJ4: “Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente”.

33 En este sentido, el TC señala que “el pronunciamiento judicial sobre el desistimiento precede necesariamente al análisis de una posible vulneración del orden público ex art. 41.2 LA, por lo que el órgano judicial no puede ampararse en su deber de velar por el orden público y por el interés general para rechazar una solicitud de archivo.

34 Nótese que uno de los motivos consiste en vulnerar normas imperativas. A lo largo de la exposición de las siguientes resoluciones se aclarará este aspecto.

a aquellos supuestos en que las premisas resulten manifiestamente (“a primera vista”) erróneas.

Esta exigencia procedimental sí arroja verdadera luz sobre el análisis del deber de motivación del laudo que, aunque haciendo uso de conceptos jurídicos indeterminados, diferencia claramente el análisis formal y sustantivo y les asigna un margen de revisión distinto. Por lo tanto, resulta evidente que el examen de fondo realizado por el TSJM ha excedido los límites permitidos para el examen de las premisas. Además, destaca el Tribunal que, mientras el deber de motivación de las resoluciones judiciales deriva directamente del art. 24 CE, en el caso de los laudos proviene del art. 37.4 LA, siendo por tanto de configuración legal. Por ello, y aunque el enjuiciamiento de la motivación de las resoluciones judiciales y arbitrales deban seguir criterios similares 35, la arbitrariedad, error patente o irrazonabilidad en la que pueda incurrir el laudo constituye una vulneración del art. 37.4 LA, no del art. 24 CE. En el presente caso, la exigencia de motivación es aún menor al tratarse de un juicio de equidad, “si bien es imprescindible que se plasmen en el laudo los fundamentos –no necesariamente jurídicos– que permitan conocer cuáles son las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro se ha inclinado por una de las posiciones opuestas de los litigantes.”.

Por lo tanto, el análisis debe partir de la propia LA, que solamente exige que se expongan los motivos de la decisión adoptada en el laudo: no se exige el examen de las pruebas en su integridad ni que tales motivos sean suficientes para el órgano judicial revisor. También aclara el Tribunal que la expresión “equivalente jurisdiccional” no se refiere, como insistía la STSJM nº 33/2017, a la existencia de una analogía íntegra entre la jurisdicción ordinaria y el arbitraje, sino al efecto de los laudos reconocido en el art. 43 LA, similares a los de una sentencia firme. Ello implica la superación definitiva de la concepción de la jurisdicción ordinaria como referente directo del arbitraje y el reconocimiento, esta vez plasmado más allá de un voto particular 36, de que el arbitraje es una institución con contenido propio. Finalmente, sostiene que una mera infracción de procedimiento, sin repercusión real en los derechos de las partes, no constituye fundamento suficiente para la estimación de la demanda de anulación. Por todo lo señalado, el TC termina estimando el recurso al constatar que la sentencia recurrida anuló el laudo por discrepar en la valoración de la prueba realizada por el árbitro siendo, por tanto, manifiestamente irrazonable y contraria al art. 24 CE.

35 En este sentido, “Aunque es obvio que, desde la perspectiva constitucional, la semejanza entre las resoluciones judiciales y los laudos arbitrales no es desde luego absoluta, ello no significa que cuando hablamos del deber de motivación de unas y otras no se pueda enjuiciar su cumplimiento con parecido canon de control.” (FJ 2).

36 Véase el voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos en la STC 1/2018 de 7 de febrero de 2018, punto 1.

En la misma fecha que la STC 55/2021, se dicta STC 65/2021 mediante la que se estima el recurso de amparo que anula la STSJM asunto 13/2019, de 1 de octubre. Tras reiterar la doctrina sentada en las sentencias expuestas anteriormente, señalando que ni el arbitraje es un procedimiento judicial ni ejercen los árbitros la jurisdicción 37, la sentencia explicita las consecuencias de esa doctrina al entender que el deber de motivación de los laudos deriva meramente de la configuración legal (LA). En este sentido, el siguiente párrafo resulta clarificador: “el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público.” (FJ 5). Establece, a su vez, que el deber de motivación reconocido en el art. 37.4 LA queda cumplido con la mera exposición de los argumentos y razones que fundamentan su decisión. Por último, aclara que el procedimiento de revisión del laudo debe limitarse “a comprobar los posibles errores in procedendo o a la ausencia de motivación” (FJ 6) 38.

Finalmente, tanto la STC 50/2022 de 4 de abril como la STC 79/2022 de 27 de junio versan sobre el control que, mediante el art. 41.1.f) LA, pueden realizar los Tribunales sobre los laudos impugnados en supuestos de prejudicialidad penal, por lo que se expondrán conjuntamente.

Las SSTC aclaran que el art. 41.1.f) solo permite la revisión “respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje39 y que, por lo tanto, “si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público40. Insiste el TC en que la anulación de un laudo solo puede fundamentarse en errores in procedendo, reiterando que la motivación del laudo es una cuestión que no forma parte del orden público. En lo que concierne a la naturaleza de la cuestión prejudicial penal, recuerda que se trata de una

37 STC 65/2021, de 15 de marzo. FJ 4. A su vez, señala que los Tribunales “no están legitimados para entrar en la cuestión de fondo ni para valorar la prueba practicada, los razonamientos jurídicos y las conclusiones alcanzadas por el árbitro.”

38 En este sentido, reitera la postura expuesta en la STC 17/2021, de 15 de febrero sobre el examen lógico- metalógico de la motivación: “El laudo impugnado no incurrió en irrazonabilidad o arbitrariedad, ni partió de premisas inexistentes o siguió un desarrollo argumental que incurriera en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no puedan considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas.” (FJ 6)

39 STC 79/2022 de 27 de junio. FJ 2.

40 Ibid.

materia que, aunque pueda aplicarse a los procedimientos arbitrales, pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria. Ello implica, por lo tanto, que su apreciación pertenece al ámbito exclusivo del árbitro, aunque forme parte del orden público procesal por tratarse de una “referencia prescriptiva o imperativa de la preferencia de una jurisdicción sobre otra

41. Dado que ambos laudos examinaban (de forma exhaustiva) la posible prejudicialidad penal, desestimándola, y que las SSTSJM aquí citadas fundamentaron la estimación de la demanda de anulación en la discrepancia con el criterio de fondo utilizado por los árbitros, las SSTC terminaron estimando el recurso 42.

Fruto de todo lo expuesto, se puede concluir que la reciente doctrina del TC respecto al orden público como motivo de anulación de un laudo parte de la concepción del arbitraje como una institución que encuentra sus fundamentos en los arts. 10 CE (autonomía de la voluntad) y 1.1 CE (libertad). No se constituye, por lo tanto, como equivalente jurisdiccional: los árbitros no ejercen la función jurisdiccional y las partes que acuerdan someterse a arbitraje renuncian, para ese caso concreto, al art. 24 CE. Por ello, las exigencias relativas a la práctica arbitral emanan de la LA, que presenta una serie de condiciones de configuración legislativa y no constitucional. Especial importancia tienen los motivos de anulación del laudo reconocidos en el art. 41 LA, que solamente permiten una revisión formal (de los errores in procedendo) y, en ningún caso, amparan la revisión de fondo. Dado que los motivos desde 41.1.a) hasta 41.1.e) se refieren a materias claramente procesales, el TC ha considerado necesario establecer doctrina según la que el concepto de “orden público” del art. 41.1.f) debe interpretarse comprendiendo “los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente43. En este sentido, a la luz de la naturaleza de la institución arbitral, la facultad de configuración legislativa implica que cuestiones que al ejercer la jurisdicción ordinaria constituyen parte del orden público no sean tales en el arbitraje (como es la motivación de las resoluciones 44). Sin

41 STC 50/2022 de 4 de abril. FJ 4.

42 Todo ello es contrario a las apreciaciones que los Tribunales Superiores de Justicia realizaban anteriormente sobre la prejudicialidad penal, dando a entender la STSJM nº 25/2012 de 3 de julio que procede un examen por parte del órgano judicial revisor de la correcta apreciación en el laudo de la concurrencia o no de la mencionada cuestión prejudicial.

43 STC 46/2020, FJ4.

44 De hecho, el TC en este punto parece entrar en contradicción, pues si bien entiende que la motivación de los laudos arbitrales no integra el orden público, afirma en la STC 79/2022 que “si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público”, por lo que, a sensu contrario, cabría entender que una motivación ilógica, absurda o arbitraria sí puede fundamentar tal anulación. Dado que el TC afirma claramente que “la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público” (STC 50/2022), lo cual es conclusión directa de sus apreciaciones sobre la naturaleza constitucional del arbitraje, parece que lo más razonable es entender que no cabe la anulación de un laudo por vulneración del orden público en base al deber de motivación y, por lo tanto, si quiere anularse deberá acudirse a alguno de los otros motivos

embargo, el TC no ha abandonado de forma definitiva la consideración de las normas imperativas como pertenecientes al orden público 45. Finalmente, limita el ámbito de control en base al orden público a “que se han cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba.46. Tal interpretación llega hasta el punto de sostener tajantemente que “la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público”. Por lo tanto y en contra de lo establecido por el TSJM, el art. 41.1.f) parece limitarse al orden público procesal.

Especial mención al voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos (STC 50/2022)

Resultan particularmente interesantes para nuestro objeto de estudio las apreciaciones realizadas por el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos en el citado voto particular, que el autor de este trabajo comparte. Tras mostrar su disconformidad con algunas de las afirmaciones de la sentencia y exponer 7 distintas definiciones del orden público que pueden encontrarse en la jurisprudencia del TC, procede a proponer tres criterios generales cuya aplicación al caso concreto permite reducir la incertidumbre sobre si un determinado hecho implica o no su vulneración. El primer criterio es el sustancial, según el cual “solo pueden considerarse cuestiones de orden público aquellas que implican una ordenación tendente a sustentar valores y principios irrenunciables, desde el punto de vista de la libertad de configuración legal, para la organización política, económica y social en el Estado y en el orden internacional”, tanto materiales como procesales. Una vez establecido que efectivamente se ha vulnerado un principio integrador del orden público, procede examinar la intensidad de esa vulneración, que deberá ser sustancial y, por lo tanto, afectar de forma real y relevante al principio en cuestión. Como último criterio y a nivel cualitativo, debe exigirse tanto que la infracción sea manifiesta como que pueda apreciarse sin sustituir el criterio del árbitro. El análisis mediante estos tres criterios (sustancial, cuantitativo y cualitativo) permite establecer un método sistemático para aterrizar el concepto jurídico indeterminado de “orden público”

reconocidos en la LA (atendiendo, a su vez, a las restricciones del análisis metalógico que puede realizar el órgano revisor, expuestas en la STC 17/2021).

45 Como correctamente señala el voto particular que se expondrá a continuación, en el fundamento jurídico 4 de la STC 50/2022 de 4 de abril el TC afirma que la prejudicialidad penal constituye parte del orden público por su naturaleza imperativa. El hecho de considerar que el carácter imperativo de una norma es suficiente para integrar el orden público no es una cuestión aislada del TC, sino que el Tribunal Supremo también realiza este tipo de apreciaciones (véase, por ejemplo, la STS 835/2013 de 6 de febrero: “La filiación cuyo acceso al Registro Civil se pretende es frontalmente contraria a la prevista en el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y, como tal, incompatible con el orden público”, FJ 3).

46 STC 50/2022 de 4 de abril. FJ 3.

a cada caso concreto. Aunque los criterios hagan uso, a su vez, de elementos jurídicamente indeterminados, el uso sistemático de estos reduciría parte de la indeterminación en la aplicación del concepto.

Observaciones acerca de las limitaciones establecidas al art. 41.1.f) a la luz de la doctrina constitucional

En la exposición de motivos de la LA se afirma que “Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo.”. Por lo tanto, se establece como regla general la no procedencia de la revisión de fondo, regla que para el TC parece no admitir excepciones. Sin embargo, la jurisprudencia sobre normativa basada en la Ley Modelo, en la que se basa la LA, entiende que el concepto de orden público como motivo de anulación del laudo comprende tanto la faceta material como la procesal 47. De hecho, existen resoluciones, previas a esta doctrina constitucional, que han apreciado la posibilidad de anular un laudo por infracción del orden público material 48 e incluso que han estimado demandas en base a ello 49. Además, en las propias SSTC expuestas puede observarse una tensión en lo que a la revisión del fondo se refiere, pues la postura de la revisión de las premisas de las que parte la motivación, que solamente puede tener lugar cuando sean manifiestamente infundadas, parece imposibilitarse al establecer que “la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público”.

A su vez, esta interpretación no permite la anulación de un laudo que sea contrario al art. 101 TFUE, anulación que debe tener lugar por formar este parte del orden público

50. Por motivos análogos, cabe pensar que un laudo que vulnerara derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos debería poder ser anulado mediante el procedimiento de anulación reconocido en la LA y no tener que acudir al procedimiento

47 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, pág.

161. En este sentido, algunas resoluciones han señalado la contradicción con el orden público de la obtención fraudulenta del laudo arbitral, la corrupción e incluso las altas tasas de los abogados.

48 SAP de Madrid nº 178/2006 de 22 de marzo.

49 Por ejemplo, la STSJ de Galicia nº 61/2014 de 10 de diciembre.

50 Asunto C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV. Punto 1: “En la medida en que un órgano jurisdiccional nacional deba, en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral basado en la inobservancia de normas nacionales de orden público, también debe estimar tal recurso si considera que este laudo es contrario al artículo 85 del Tratado (actualmente, artículo 81 CE)” (Actualmente, art. 101 TFUE).

de revisión de sentencias firmes, ya que tales derechos forman indudablemente parte del orden público.

Cabe señalar que, en contra de lo que se ha comentado al principio de este trabajo, la limitación de la noción de orden público a cuestiones in procedendo corre el riesgo de vaciar de contenido la cláusula, en tanto que podrá acudirse a los otros motivos de anulación en sustitución de esta. Además, el propio TC, al especificar lo que puede constituir vulneración del orden público en la STC 46/2020, afirma que “por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público.”, aunque (como ya se ha señalado) acabe limitando la revisión de anulación de laudo a aspectos meramente formales.

Es probable que la voluntad de limitar el abuso que los tribunales estaban llevando a cabo del art. 41.1.f) para, de facto, sustituir el criterio del árbitro por el del órgano judicial haya hecho adoptar al TC una postura muy restrictiva de lo que puede constituir una vulneración del orden público. Resulta loable, en este sentido, el esfuerzo que realiza el Tribunal Constitucional por respetar la autonomía de la voluntad de las partes, protegiendo de forma efectiva la institución del arbitraje en España. Sin embargo, no considera el autor de este trabajo que sea necesario ir tan lejos, pues ya se ha señalado que ello podría contradecir obligaciones que emanan de disposiciones internacionales y ser contrario, en realidad, a los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Basta, con tal de respetar la naturaleza del arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos, con la aplicación restrictiva de los criterios sistemáticos expuestos en el citado voto particular.

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Anexo de legislación y jurisprudencia

Dirección General de los Registros y del Notariado (Actual DGSJFP)

  • Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 26 de marzo de 1951.

Tribunal Constitucional

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  • Sentencia del Tribunal Constitucional nº 54/1989, de 23 de febrero de 1989.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional nº 1/2018, de 11 de enero de 2018.
  • Sentencia del tribunal Constitucional nº 46/2020, de 15 de junio de 2020.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2021, de 15 de febrero de 2021.
  • Sentencia del tribunal Constitucional nº 55/2021, de 15 de marzo de 2021.
  • Sentencia del tribunal Constitucional nº 65/2021, de 15 de marzo de 2021.
  • Sentencia del tribunal Constitucional nº 50/2022, de 4 de abril de 2022.
  • Sentencia del tribunal Constitucional nº 79/2022, de 27 de junio de 2022.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-126/97, de 1 de junio de 1999.

Audiencia Provincial

  • Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 178/2006, de 22 de marzo 2006.

Tribunal Superior de Justicia

  • Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), de 22 de marzo de 2017.
  • Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), de 4 de abril de 2017.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nº 61/2014, de 10 de diciembre de 2014.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 25/2012, de 3 de julio de 2012.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 33/2017, de 4 de mayo de 2017.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 1/2018, de 8 de enero de 2018.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 37/2019, de 4 de octubre de 2019.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 43/2019, de 8 de noviembre de 2019.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) nº 66/2021, de 22 de octubre de 2021.

Tribunal Supremo

  • Sentencia del Tribunal Supremo nº 451/1979, de 31 de diciembre de 1979.
  • Sentencia del Tribunal Supremo nº de recurso 2286/1989, de 19 de octubre de 1991.
  • Sentencia del Tribunal Supremo nº 1916/2013, de 9 de mayo de 2013.
  • Sentencia del Tribunal Supremo nº 835/2013, de 6 de febrero de 2014.

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