ANÁLISIS DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA A TRAVÉS DE JURISPRUDENCIA DEL TJUE

 

 

Inés Cirera de Tudela (3º GDL)

Previo

El presente artículo pretende analizar la figura de la Orden Europea de Detención y Entrega a través de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha figura se fundamenta en los principios de cooperación judicial en materia penal entre los Estados Miembros de la UE. Su finalidad es tanto garantizar una mayor seguridad en los territorios de la Unión como fomentar la cooperación entre los Estados Miembros. La jurisprudencia del TJUE ha acotado el ámbito de aplicación de la OEDE y ha respondido a dudas comunes que los Estados Miembros plantearon sobre su finalidad y elementos fundamentales tales como sus plazos.

El artículo se divide en 6 secciones. La primera introduce el concepto de la OEDE para ofrecer una visión general sobre la figura y trata los fundamentos jurídicos de esta tanto en el ordenamiento jurídico español como en el de la Unión Europea. Las 4 secciones siguientes corresponden al análisis de jurisprudencia de la UE sobre distintos elementos de la Orden. Finalmente, la última sección es una conclusión que resume los puntos tratados en el artículo.

Introducción a la extradición y fundamentos jurídicos en el ordenamiento español y el derecho de la UE

La extradición en ámbito europeo, comúnmente denominada Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), es una figura jurídica propia del derecho comunitario europeo. La OEDE es una resolución judicial por la que un Estado miembro de la Unión Europea ruega la detención y entrega por parte de otro Estado de una o más personas que tienen pendientes acciones penales en su contra o la ejecución de penas o medidas sancionadoras. La extradición puede ser pasiva o activa. La extradición pasiva, desde el punto de vista del Estado español, será aquella en la que otro Estado pida la detención y entrega de una persona. La extradición activa, desde el punto de vista de España, será aquella en la que España pida la detención y entrega de una persona que se encuentre en otro país. Esta dicotomía, como es observable, se basa en el rol que adopta un Estado en

el proceso de extradición y varía según el punto de vista que se utilice para emplear dichos términos.

Esta figura se basa en el concepto de la cooperación judicial internacional y la reciprocidad, por el que los Estados Miembros de la Unión cooperan para facilitar el proceso de enjuiciamiento y sanción de personas que puedan haber cometido delitos y se encuentren fuera de su territorio nacional. El mencionado principio de reciprocidad se encuentra plasmado en el artículo 277 de la LOPJ. De la lectura y análisis del artículo 277 se desprende la importancia de los tratados y convenios internacionales, así como la normas de la UE y españolas que traten el tema de la extradición, pues estos condicionan la actuación de los Juzgados y Tribunales españoles. El artículo 278 de la LOPJ establece unas excepciones por las cuales un Juzgado o Tribunal podrá decidir no cooperar con otro Estado. Se podrán negar cuando: el objeto o finalidad de la cooperación sea manifiestamente contrario al orden público [según la concepción de este en España], cuando el proceso sea de exclusiva competencia española, cuando la autoridad española no sea competente y cuando la tramitación de la solicitud de cooperación no reúna el contenido y requisitos mínimos necesarios. Cabe destacar la presencia del término “manifiestamente”, de difícil interpretación, dada su naturaleza de concepto jurídico indeterminado. El amplio margen de lectura de dicha palabra puede ser razón de conflictos en la interpretación y uso de la norma, pues es de fácil debate la pregunta respecto a dónde se sitúan los límites de cuándo es o no un objeto o finalidad manifiestamente contrario al orden público.

Uno de los principios bases de la figura de la OEDE es el de reconocimiento mutuo entre los Estados Miembros de la UE. Este principio se ve desarrollado en el ordenamiento jurídico español en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La ley desarrolla el principio y autoriza a las autoridades judiciales españolas a dictar una orden o resolución incluida dentro de la regulación de la misma ley, además de transmitirla a otro Estado Miembro para su reconocimiento y ejecución. La ley también reconoce la importancia de los Derechos Fundamentales presentes en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa.

El fundamento jurídico en el derecho de la Unión Europea se encuentra, de manera implícita y sin utilizar el término OEDE, en el artículo 67.3 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. Dicho artículo alude a la utilización de medidas que aseguren un alto nivel de seguridad a través de la cooperación y coordinación de autoridades policiales y judiciales y del mutuo reconocimiento de resoluciones en ámbito penal. Para establecer los fundamentos de la figura ahora conocida como OEDE, el Consejo de la Unión Europea publicó la Decisión Marco del Consejo sobre la OEDE.

Esta Decisión Marco entró en detalle sobre los plazos, procedimientos y ámbitos de aplicación y ejecución de la OEDE, figura novedosa para entonces. El artículo 1 de la DM define la OEDE como aquella resolución judicial que establece la obligación de los Estados de actuar según el principio de reconocimiento mutuo y restringe la actuación de los Estados y la aplicación de la Decisión Marco a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea60. El artículo 2 de la DM limita el ámbito de aplicación de la OEDE a (i) aquellos hechos para los que la ley del Estado Miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de, al menos, 12 meses y a (ii) las reclamaciones que tuvieran por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.

En muchos casos, y aunque suceda en el contexto de unidad relativa de la Unión Europea, la OEDE es la causa de conflictos políticos entre Estados Miembros de la UE. Dado que la OEDE involucra a dos países como mínimo, suele haber conflictos entre ordenamientos jurídicos sobre cómo y quién tiene que procesar a las personas que están siendo buscadas. Un caso conocido es el de Carles Puigdemont, político catalán acusado de haber cometido un delito de sedición por el Tribunal Supremo español. En el caso de Puigdemont se debatieron muchos aspectos que dificultaban la ejecución de la OEDE, entre ellos su posible inmunidad como parlamentario europeo y la consideración de si la conducta del político constituía un delito de sedición en Italia. Es observable, pues, que la OEDE es una figura intrincada dadas sus complejidades a nivel político, legal, cultural y socioeconómico dentro de la UE.

El incumplimiento de plazos de la OEDE a través de jurisprudencia de la UE

Como todo proceso legal, la OEDE tiene plazos que deben ser seguidos para su ejecución. La STJUE (C-237/2015), plantea la cuestión de si el incumplimiento de los plazos de la OEDE hace expirar la obligación de la autoridad judicial en cuestión de actuar para con la orden. La cuestión resuelta en la sentencia es planteada por Irlanda, que pregunta al Tribunal sobre los efectos de la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 15 y 17 de la DM sobre la OEDE, y si esta exime a la autoridad judicial, en este caso el Tribunal Superior (High Court) de Irlanda, de actuar en cuanto a la OEDE. Cabe destacar, además, la relevancia de los Derechos Fundamentales involucrados en el caso, pues la persona detenida se encuentra privada de libertad durante más tiempo de lo establecido legalmente.

La sentencia del TJUE responde la cuestión planteada estableciendo que los artículos 15 y 17 de la Decisión Marco deben ser interpretados en el sentido de que la autoridad judicial aún tiene la obligación de pronunciarse sobre la ejecución, incluso cuando no se haya respetado el plazo.

En cuanto a la potencial violación de los Derechos Fundamentales del detenido, reconocidos en el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el TJUE no se opone a alargar la estancia de la persona en prisión, aunque la duración del periodo de privación de libertad supere los plazos establecidos. El Tribunal, además, establece que el órgano que plantea la cuestión debe valorar si el periodo “extra” que la persona pasa en privación de libertad no es considerado excesivo en relación con las características del procedimiento seguido. En el caso de que se autorice la libertad provisional de la persona, el Estado deberá garantizar las medidas necesarias para prevenir y evitar la fuga de la persona, además de asegurar que se siguen las condiciones materiales necesarias para poder asegurar la entrega efectiva.

El fundamento de la decisión del Tribunal se basa en los artículos 3 y 4 de la DM sobre la OEDE. El Tribunal dicta que los Estados solo pueden negarse a ejecutar la OEDE en esos supuestos y solo podrán supeditar la ejecución de las condiciones definidas en el artículo 5 de la DM. Además, destaca el TJUE, dado que no hay ninguna mención de limitaciones temporales en la Decisión Marco, no se puede interpretar el artículo 15.1 de la DM en sentido de que la autoridad judicial pierda facultades una vez expirados los plazos del artículo 17 de la DM.

Adicionalmente, la sentencia expone otros argumentos para dar soporte a su veredicto. El argumento con más peso yace en el artículo 17.7 de la DM. Este artículo prevé la posibilidad de que un Estado no pueda cumplir los plazos del procedimiento. En este artículo no hay mención alguna de que la autoridad judicial en cuestión pierda sus potestades y obligaciones para con la OEDE. El legislador de la UE, entonces, ha supuesto que un caso similar al asunto Lanigan pueda ocurrir, por lo que su silencio en la cuestión de pérdida de obligaciones de las autoridades judiciales confirma la sentencia.

Asimismo, el artículo 17.5 de la DM expone la obligación de las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento de las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona, hasta que no haya una decisión definitiva sobre la OEDE. Se interpreta pues, de este supuesto, que la obligación de las autoridades judiciales cesa de existir solo cuando se ha dictado una resolución firme. Por esto, en el caso Lanigan y en cualquier otro similar, el no seguimiento de los plazos no extingue las obligaciones de la autoridad judicial.

Finalmente, la consideración de extinción de obligaciones fruto del no seguimiento de los plazos de la OEDE podría ser interpretada como contraria al principio

de cooperación judicial y su objetivo de aceleración del proceso. El Estado emisor de la OEDE debería presentar otra, hecho que dificultaría el proceso de entrega y afectaría a la eficacia del proceso de compleción de la OEDE.

Los plazos de la OEDE, pues, no extinguen la obligación de la autoridad judicial encargada de tramitar la detención y entrega de la persona buscada. Su afectación al derecho de la libertad se puede valorar de manera casuística y debe ser proporcional y no ser considerado excesivo en comparación a las características del procedimiento seguido.

Necesidad de una autoridad judicial para dictar la OEDE a través de jurisprudencia de la UE

En la STJUE (C-452, 2016) se debate la necesidad de una autoridad judicial para la ejecución de la OEDE, aparte de debatir sobre la misma definición de autoridad judicial. La cuestión tratada en la sentencia fue planteada por el Tribunal de Primera Instancia (Rechtbank) de Ámsterdam, en los Países Bajos. La OEDE en cuestión fue emitida por la Dirección General de la Policía Nacional de Suecia (Rikspolisstyrelsen) contra un ciudadano polaco (el Sr. Krzysztof Marek Poltorak). El Sr Poltorak estaba siendo buscado con la finalidad de dar cumplimiento a una pena privativa de libertad de uno año y tres meses impuesta al mismo por el Tribunal de Primera Instancia de Gotemburgo (Suecia) por hechos calificados como un delito de lesiones leves.

La problemática de la cuestión yace en la duda que alberga el Tribunal de Ámsterdam sobre si ejecutar o no una OEDE planteada por un órgano no judicial, como es la Dirección General de la policía sueca. El Tribunal de Ámsterdam pregunta al TJUE sobre la interpretación de los siguientes términos utilizados en la DM sobre la OEDE: “resolución judicial” y “autoridad judicial”. La duda del Tribunal ponente de la cuestión también contempla los principios de interpretación que se han de utilizar para interpretar dichos términos.

El TJUE argumenta que la misma Orden Europea de Detención y Entrega es una resolución judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la DM sobre la OEDE. Dicha categorización exige que la resolución sea dictada por una autoridad judicial, requisito que se ve reflejado en el artículo 6.1 de la misma Decisión Marco. Aunque el mismo artículo parece tener un carácter discrecional para con su interpretación por su remisión al Derecho de los Estados Miembros, cabe recalcar que dicha remisión se limita a la potestad de los Estados Miembros de designar qué autoridad que tiene competencia para emitir la OEDE y no autoriza a los Estados a interpretar el término “autoridad judicial”. Asimismo, el término “autoridad judicial” debe tener una interpretación que sea única y uniforme para todos los Estados de la Unión, pues se trata de un concepto

autónomo del Derecho de la Unión Europea. Este término, pues, no se limita a las autoridades jurisdiccionales comunes como podrían ser jueces y magistrados. La mención de la “autoridad judicial” puede cubrir a diversos órganos que participen en la administración de la justicia del ordenamiento jurídico del Estado Miembro.

Para este caso, en cambio, el TJUE consideró que la Dirección General de la policía sueca no podía llegar a considerarse autoridad judicial. Para fundamentar su veredicto, el TJUE utilizó diferentes argumentos. El primero se basa en el principio de separación de los poderes del Estado. El TJUE hace hincapié en la necesidad de separar el poder ejecutivo, que en este caso comprendería la autoridad policial sueca, y el poder judicial, en el que se encontraría la autoridad judicial necesaria para dictar la OEDE. Seguidamente, el TJUE diferencia la figura de la cooperación judicial en el ámbito del derecho penal de la cooperación policial.

El TJUE, pues, dicta a través de su sentencia que el término “autoridad judicial” es un término autónomo del Derecho de la Unión Europea y debe ser interpretado de manera única y uniforme. La OEDE deberá ser dictada por un órgano que emane del poder judicial del Estado Miembro, órgano que no tendrá por qué ser juez o magistrado, pero que debe estar relacionado con la administración de la justicia del ordenamiento jurídico del Estado Miembro en cuestión. El TJUE falla que la Dirección General de la policía sueca no podrá ser considerada autoridad judicial y no podrá emitir una Orden Europea de Detención y Entrega.

Necesidad de orden de detención nacional a través de jurisprudencia de la UE

En la STJUE (C-241, 2015) se plantea la necesidad de la orden de detención nacional para poder ejecutar la OEDE. La sentencia da respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Cluj (Curtea de Apel Cluj) en Rumanía. El Tribunal encontró dudas con el proceso de ejecución de una emisión de OEDE por parte de las autoridades húngaras, en la que se buscaba encontrar al Sr. Niculaie Bob-Dogi, nacional rumano, por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave.

La problemática de la cuestión yace en el proceso de emisión de la OEDE por parte de las autoridades húngaras. Dicha emisión fue amparada por un procedimiento “simplificado” en el que las autoridades no dictaron la orden de detención nacional. La orden de detención nacional debe ser dictada en conformidad con la Ley húngara sobre cooperación en materia penal entre los Estados Miembros de la UE de 2012. La cuestión se plantea amparándose en el artículo 8.1 c) de la DM sobre la OEDE específicamente en la mención de la existencia de una orden de detención nacional.

El Tribunal primero dicta que la OEDE y la orden de detención nacional son dos órdenes distintas de diferente índole y que deben considerarse por separado. Así debe ser interpretado, pues, el artículo 8.1 c) de la DM. A partir de esta distinción, el TJUE remarca que la OEDE no será válida si la autoridad judicial no consigue probar la existencia de una orden de detención distinta de la OEDE. El fundamento de la argumentación del Tribunal yace en el carácter único de la mención del término “orden de detención nacional” en el artículo 8.1 c). En los demás preceptos de la Decisión Marco se define la OEDE como resolución judicial, por lo que la mención de la orden de detención nacional en el artículo 8.1 c) marca la diferencia entre la OEDE y la orden de detención. Esta diferenciación entre las dos órdenes marca la necesidad de dictar una orden de detención nacional para poder proceder con la ejecución de la OEDE.

Adicionalmente, el TJUE añade dos argumentos, uno de ellos vinculado al principio de reconocimiento y confianza mutuos ente los Estados Miembros de la Unión Europea. El artículo 82.1 del TFUE se remarca este principio sobre la cooperación en materia de derecho penal a través de su mención explícita. Por este principio, una autoridad judicial de un Estado Miembro ejecutará una sentencia o resolución judicial como si fuese propia. Este principio impediría a la autoridad judicial que recibiese la petición de comprobar si la OEDE cumple los requisitos del artículo 8.1 c) de la DM. En materia procesal, se destaca que obviar el requisito de la orden de detención nacional dañaría notablemente los derechos procesales y fundamentales de la persona que está siendo procesada (en este caso el Sr. Niculaie Bob-Dogi). El derecho a una tutela judicial efectiva se fundamenta, además de en el derecho a tener un juicio justo, en el seguimiento efectivo del proceso de detención que prevé la DM para la ejecución de la OEDE, incluyendo la orden de detención nacional.

El TJUE además estipula que la autoridad judicial pertinente podrá negarse a proceder con la OEDE cuando está no contenga la orden de detención nacional. Aunque, originalmente, las autoridades judiciales recipientes de la OEDE solo se podían negar en los casos previstos en el artículo 3 de la DM, así como el 4, 4bis y 5, el TJUE entiende que la facultad de no ejecución se basa en la premisa de que la orden en cuestión no cumple los requisitos previstos en el artículo 8.1 de la DM. Siendo la orden de detención nacional un requisito previsto en el artículo 8.1 de la DM, la inobservancia de este constituye una causa que faculta a la autoridad judicial pertinente a no proceder con la ejecución de la OEDE. Dicho esto, la autoridad judicial deberá solicitar de la autoridad judicial que emite la OEDE la información complementaria necesaria para poder determinar si la falta de indicación de la existencia de una orden de detención nacional en el certificado de la OEDE se debe a que dicha orden nacional no existe efectivamente y no al hecho de que no haya sido mencionada. Si en vista de la información adicional proporcionada se determina que la orden de detención nacional no existe, la autoridad

judicial deberá rechazar la ejecución de la misma, entendiéndose el requisito del artículo

8.1 c) fundamental para la efectiva ejecución de la OEDE como figura del ordenamiento

de la Unión Europea.

La orden de detención nacional es pues un trámite fundamental que ha de ser realizado para la correcta ejecución de la OEDE. La autoridad judicial que reciba la OEDE tendrá el deber y derecho de rechazarla y no continuar los procedimientos para su ejecución. La autoridad judicial que emita la petición deberá probar la existencia de la orden de detención nacional y, en falta de orden, deberá comenzar de nuevo otro procedimiento emitiendo orden de detención nacional.

Los efectos de Tratados bilaterales y la protección de Estados Miembros a través de jurisprudencia de la UE

En la STJUE (C-182, 2015) el TJUE recibe una consulta del Tribunal Supremo (Augstaka tiesa) de Letonia. El caso en cuestión involucra a la Federación de Rusia y a un ciudadano estonio al que la sentencia se refiere como Sr. Petruhhin. El fugitivo era perseguido por un delito de tráfico de estupefacientes por organización criminal a gran escala en grado de tentativa.

La cuestión del Tribunal Supremo de Letonia se basa en el tratado bilateral existente entre la Federación de Rusia y la República de Letonia, por el que se impida conceder la extradición de los nacionales letones. Este tratado del 3 de febrero de 1993 se limitaba a los ciudadanos letones, y en ningún momento mencionaba a los ciudadanos de los demás Estados Miembros de la Unión Europea. El Tribunal, pues, pregunta si se debería ofrecer el mismo trato a los ciudadanos de la Unión, y por ende impedir la concesión de extradiciones de los nacionales de todos los Estados Miembros cuando esta fuese solicitada por un Estado no Miembro. Además, el Tribunal Supremo pregunta si en el caso de que se realizasen dichas extradiciones se debería observar si el Estado solicitante de la extradición cumple los requisitos establecidos en el art. 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, por lo que no se podría extraditar un ciudadano a un país donde se cometen actos de tortura u otras penas y tratos inhumanos o degradantes.

En cuanto a la primera cuestión planteada, el TJUE remarca que cuando exista tratados bilaterales con Estados no miembros se deberá informar al Estado Miembro del ciudadano buscado. La extradición deberá ser realizada según lo dispuesto en la DM sobre la OEDE. Esto siempre y cuando el derecho interno del Estado donde resida el ciudadano buscado sea conforme para proceder penalmente contra la persona reclamada por hechos cometidos fuera de su territorio. De esta manera se consigue respetar los tratados bilaterales existentes y garantizar un nivel mínimo de protección al ciudadano.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, el TJUE dicta que cuando un Estado miembro de la Unión reciba una solicitud de extradición de un Estado no Miembro deberá comprobar que la extradición no vulnerará los derechos a que se refiere el art. 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por este artículo, la extradición no podrá someter a la persona a tratos inhumanos, degradantes o tortuosos. Así, dicta el TJUE, se protege al ciudadano de sufrir tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales, dado que en la Unión Europea dicha protección ya es conferida por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Conclusión y observaciones finales

Para concluir cabe destacar la dicotomía jurídica existente en cuanto a la regulación de la OEDE. La Orden Europea de Detención y Entrega es un concepto jurídico cuyo fundamento es casi inexistente en los Tratados base de la UE; el TFUE y el TUE. Aun así, su jurisprudencia es amplia cuanto menos y capaz de profundizar en aspectos de gran complejidad política, siempre en línea con la Decisión Marco que la regula.

Formalmente, la OEDE es una resolución judicial cuyo riguroso procedimiento debe ser respetado. Aunque exista cierta flexibilidad en cuanto a la autoridad judicial que puede dictarla, dicha autoridad deberá estar cercanamente relacionada con la administración de la justicia del Estado en cuestión, y nunca podrá tratarse de una autoridad policial. Así, el TJUE refuerza la noción de la separación de poderes, incapacitando al poder ejecutivo en este campo y otorgando al poder judicial la potestad de liderar el proceso de la OEDE. El citado procedimiento deberá siempre incluir una orden de detención nacional. Dicho elemento es crucial para la ejecución de la OEDE, tanto que el Estado Miembro recipiente de la solicitud deberá comprobar la existencia de la orden nacional para poder proceder más allá. Adicionalmente, los plazos de la OEDE deberán ser respetados siempre dentro de lo posible. En el caso de que estos no sean respetados, la autoridad judicial no perderá sus facultades en cuanto a la solicitud de detención y entrega. Dicho esto, se deberá analizar casuísticamente si el no seguimiento de plazos afecta a algún Derecho Fundamental del ciudadano perseguido, tal como pudiere ser el haber estado detenido por más tiempo de lo establecido legalmente.

La OEDE es el reflejo fiel del principio de cooperación judicial en materia penal de la Unión Europea. Dicho principio podría ser interpretado como la piedra base de las aspiraciones federalistas de la Unión. El afán de crear una Unión Europea rica en cooperación, coordinación en materia penal y unidad en sus ordenamientos jurídicos está ciertamente presente en tanto la Comisión como el Consejo. La OEDE, pues, es una figura

jurídica que une a los Estados Miembros, brindándoles un sentido de seguridad y la certeza de poder confiar en los demás Estados que conforman la Unión.

Anexo de legislación y jurisprudencia

LEYES

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 6/1985 del 1 de julio (BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985).

Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros (DOCE núm. 190, de 18 de julio de 2002).

Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versiones consolidadas. Protocolos. Anexos. Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa (DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010).

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en

la Unión Europea (BOE núm. 282, de 21 de noviembre de 2014). SENTENCIAS

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 16 de julio de 2015. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de junio de 2016.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de septiembre de 2016. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de noviembre de 2016.


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